Jácome denuncia a La Región y a La Voz, Baltar reniega de él a y es víctima de guerra sucia con carteles anónimos

Baltar cambia de postura, pues hasta hoy era ambiguo sobre reeditar el pacto post electoral con Democracia Ourensana. Pacto que rechaza de frente, por cierto, su candidato en la ciudad, Manuel Cabezas, como dejó claro en una entrevista en Galiciapress, en la equiparó -antes del cambio de postura de su líder provincial- votar a Jácome con votar a Baltar.

Las declaraciones de Baltar las realiza durante una visita a la sede del periódico La Región, lo que indica que el PP de Ourense respalda la labor periodística de la cabecera, a la que Jácome ha denunciado en los juzgados y denigrado públicamente, vinculándola a un supuesto espionaje al que también ha vinculado, reconociendo no tener pruebas, a la constructora Copasa, al PP y en menor medida al PSOE.

Sobre la aparición de los pasquines anónimos contra Jácome, hay que recordar que pueden ser ilegales en el caso de que hayan sido pagados por alguna formación política legal, pues en España la propaganda política no puede ser anónima. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), toda propaganda electoral debe identificar claramente a quién pertenece y quién la financia. Por lo tanto, es claramente un episodio de guerra sucia contra el edil, que el jueves insistió en que es víctima de una "mafia" montada por medios de comunicación, rivales políticos y algunas empresas. Aquí se puede ver completa su polémica rueda de prensa:

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha formalizado varias denuncias a raíz de la difusión de varios audios por parte de 'La Región' --y en menor medida, 'La Voz de Galicia'-- que lo ligarían con supuestas prácticas irregulares vinculadas a la temas de concesiones y financiación de su partido.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que presentó una primera denuncia el día 8 de mayo en el Juzgado de Guardia y, tras ir a reparto, lo lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense.
 

Por otro lado, Gonzalo Pérez Jácome ha presentado este mismo viernes, 12 de mayo, una nueva denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense.

En ambos casos, aluden a un presunto delito de revelación de secretos y están pendientes de incoar. Cada una de ellas se dirige contra un medio de prensa escrita.

DENUNCIAS EN FISCALÍA
Frente a las denuncias interpuestas por Jácomen, se encuentran las presentadas por el PP (la última, este jueves), la del PSOE, por la que ya se han abierto diligencias previas, y la del BNG, que se presentó ante la Fiscalía General del Estado y que estaba pendiente de tramitarse.

De esta manera, son las denuncias presentadas ante el Ministerio Público después de que el periódico 'La Región' difundiese, en días sucesivos, transcripciones y audios del regidor ourensano que lo ligarían con actuaciones supuestamente irregulares vinculadas a comisiones y concesiones del ayuntamiento.

Además, el BNG presentó una denuncia en el juzgado de guardia el pasado sábado día 6 de mayo tras la primera publicación del mencionado periódico local en la que se supuestamente Jácome trataría de librarse de una multa poniéndola a nombre de otra persona. En este caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense pidió al BNG que transformase la denuncia en querella y presentase una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acusación popular.

La Fiscalía Provincial de Ourense ya abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por el PSdeG y, según informaron el jueves fuentes del Ministerio Público, estaban pendientes de recibir la presentada ante la Fiscalía General del Estado por parte del BNG, de forma que se "acumularían" los procesos. Ello, si no está judicializado en sede judicial, han explicado las mismas fuentes, para lo que Fiscalía ha incoado el procedimiento para preguntar a los juzgados de instrucción de Ourense si ya cuentan con este asunto entre las causas abiertas.
 

En la denuncia presentada por el PP de Ourense, se refieren seis posibles delitos: organización criminal, falsedad documental, financiación ilegal de los partidos políticos, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. Se presupone que también se acumularían a las dos anteriores.