La Policía Local de Marín se declara en guerra contra el Concello, que se niega a abonar las deudas con el cuerpo

Confiemos en que no suceda nada en Marín que requiera la presencia de las autoridades, porque el hartazgo es máximo y tal vez no haya nadie para atender la llamada. Es una hipótesis llevada al extremo, porque la Policía Local de Marín está tensando la cuerda con el gobierno municipal, donde el Partido Popular disfruta de mayoría absoluta pero donde el pleno rechazó abonar los complementos salariares por noches y festivos en permisos o ausencias retribuidas que le adeudan a los agentes y que el Concello se niega pagar, pese a las sentencias condenatorias que pesan al respecto. 

PROTESTAS CONTRA EL CONCELLO

Se trata de una deuda que comprende los 4 años anteriores y que incluye los intereses legales. "Los tribunales consideran que es una retribución fija y periódica", señala el comunicado de Comisiones Obreras, al frente de las protestas y que viene de anunciar la puerta en marcha de un calendario de movilizaciones para el colectivo y que arranca este mismo jueves.

El lunes se celebró la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) donde se iban a discutir las alegaciones sindicales, pero en su lugar, según Comisiones, "se presenta un documento que revisa la valoración de puestos de trabajo de la policía Local, y dos más ajenos a este servicio". 

"La revisión afecta a los factores de dificultad técnica, dedicación y responsabilidad. La propuesta añade un nuevo factor de valoración de nocturnidad y festividad que puntúa sólo una parte de las noches y festivas establecidos en el calendario laboral de los policías del año 2025", agregan, considerando que esta propuesta evidencia la "ceguera" del Concello que capitanea la popular María Pilar Ramallo Vázquez. 
 

Así, interpretan que lo que persigue el gobierno marinense es "rebajar el sueldo" a los policías y "escapar del cumplimiento de la sentencia y abonar cantidades por estos conceptos inferiores a las ya percibidas en ejercicios anteriores". A rengón seguido, manifiestan que todavía no saben cuándo se ejecutarán esas sentencias, sospechando que desde el Concello quieren "interpretar la sentencia a mala fe para escapar de su cumplimiento" o, al menos, "retrasar su ejecución para que los trabajadores continúen siendo perjudicados".