Trabajadoras de residencias como DomusVi alertan de personal insuficiente, de lo que culpan a la Xunta

El sector de residencias de mayores en Galicia se encuentra inmerso en un conflicto laboral debido a la falta de avances en la negociación para renovar el convenio colectivo. Según los resultados de las asambleas organizadas por la Confederación Intersindical Galega (CIG), la plantilla calificó la propuesta de insuficiente y consideró que perpetúa la precariedad económica y social en la que realizan su labor. 

Sindicatos como CIG llevan semanas movilizando a las trabajadoras y convocandos protestas. Hoy, por ejemplo, se han concentrado frente a Domus Vi Ferrol. Domus Vi es uno de los grupos privados con más centros en el país, pues gestiona los asilos construídos en su día por las cajas de ahorros y que Abanca vendió a inversores extranjeros.

Desde el último convenio colectivo firmado, los trabajadores del sector han acumulado una pérdida del 7,8% en su poder adquisitivo. A esto se suma que, tras el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 24,4%, las categorías salariales más bajas no llegan al SMI, y la mayoría de los puestos intermedios apenas superan esta cifra por 10 euros.

Además, las trabajadoras denuncian que las empresas imponen horarios al personal sin negociar con el comité de empresa, como está establecido en el convenio. 

Los empleados denuncian que las condiciones laborales también han empeorado. "Estamos hartos de condiciones de auténtica explotación", aseguran desde el colectivo, que añade que, pese a realizar un trabajo similar al de las residencias públicas, los empleados de las privadas sufren un trato "denigrante".

Críticas a la Xunta y la conselleira de Política Social

La CIG también criticó la postura de la Xunta de Galicia y de su conselleira de Política Social, Fabiola García. Según el sindicato, el gobierno autonómico permite prácticas empresariales que "mercantilizan los cuidados y deterioran la calidad del servicio". Además, señalan que las ratios de personal, que no se actualizan desde 1996, están desfasadas y no se cumplen en muchas ocasiones, lo que afecta directamente a la calidad del cuidado de los mayores.

El sindicato lleva a cabo una campaña para exigir la igualdad de condiciones laborales con las residencias públicas y para aumentar las ratios de personal. Afirman que las grandes empresas del sector obtuvieron beneficios de 1.664 millones de euros mientras sus empleados enfrentan salarios empobrecidos y jornadas que califican como "de esclavitud".

El objetivo: condiciones laborales dignas

Ante esta situación, los trabajadores han decidido intensificar su lucha por unas condiciones laborales que consideran justas. Desde la CIG aseguran que no cesarán hasta lograr una mejora sustancial tanto en los salarios como en la calidad del empleo en el sector. El conflicto se ha intensificado debido a los servicios mínimos aprobados por la Xunta, que los manifestantes consideran "abusivos"