La Federación de Periodistas también cuestiona la ley de la Xunta que traba la independencia de la CRTVG
Hace más de una década que el PP aprobó una norma que serviría para garantizar una mayor objetividad mediante un Consello de Informativos y otros órganos. A la hora de la verdad Feijóo pasó de poner en marchas salvaguardas, permitiendo que los telexornais tengan una fuerte línea editorial favorable a los intereses conservadores. Ahora Rueda propone una nueva Ley que directamente obvia esas salvaguardas. Esto ha sucitado la esperable crítica del Colexio de Xornalistas de Galicia, una entidad del país que lleva lustros reclamando la aplicación de la anterior ley, y hoy de la estatal Federación de Asociaciónes de Periodistas de España, la FAPE.
Las asociaciones de prensa de Galicia, que forman parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), han emitido un comunicado conjunto respecto al nuevo "Anteproyecto de Ley de Servicios de los medios de comunicación audiovisual de Galicia". El proyecto, recientemente aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia y que estará en exposición pública durante el mes de agosto, propone importantes cambios en la estructura y funcionamiento de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), que se transformaría en la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG).
Entre los puntos de crítica destacados, las asociaciones subrayan la eliminación de la ley anterior, de 2011, sin haber implementado mecanismos esenciales para asegurar la independencia y la calidad del periodismo, como el Consejo de Informativos, el Estatuto Profesional, una Autoridad Audiovisual independiente y el Defensor de la Audiencia. Estos órganos, argumentan, son cruciales para evitar la politización de los medios y garantizar un periodismo plural y responsable.
El comunicado también destaca que el anteproyecto podría estar en conflicto con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que entrará en vigor en agosto de 2025. Este reglamento exige la independencia de los medios del poder político y establece criterios de transparencia y protección para los periodistas.
Finalmente, las asociaciones expresan su preocupación por la posible dilución del papel del idioma gallego en la programación de los medios públicos, una cuestión que consideran central para la identidad cultural de la autonomía.
Además, critican la falta de representación de los profesionales de la comunicación en el propuesto "Consejo Asesor de Participación Social y Profesional", que sería designado por el Parlamento sin incluir a los representantes de la FAPE ni del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), que es órgano que de acuerdo al marco legal actual ostenta la representación profesional del periodismo en Galicia, quien también ha criticado la norma.
Las asociaciones de la prensa gallega presentarán las alegaciones pertinentes a este anteproyecto. Existen asociaciones vinculadas a FAPE en Santiago, A Coruña, Lugo y Vigo.
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