Los decanos de Lugo y Pontevedra analizan la huelga en el turno de oficio: "Son demandas históricas, tienen derecho a salarios y pensiones dignas"

Cuando se cumplen cinco meses desde el inicio de la huelga de los abogados y procuradores del turno de oficio, las posturas de cara a solucionar el conflicto siguen hoy muy alejadas. Son demasiados los actores implicados y muchos asuntos los que atender para mejorar la situación de miles de profesionales que, tras años soportando el peso de mantener en pie un derecho fundamental como el de la asistencia jurídica gratuita, decidieron poner pie en pared y nos soportar más abusos. Esto ha provocado que se paralicen miles de procedimientos, haciendo más evidente el embotellamiento que sufre la Justicia a nivel nacional y la necesidad de realizar una mayor inversión y abrir canales de diálogo para evitar el colapso del sistema, que parece más cercano. 

Félix Mondelo, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo, no oculta su temor de que la huelga se prolongue en el tiempo y pueda provocar una mayor congestión en los juzgados de todo el Estado. “Si continúa así, con tanto aplazamiento…aunque en algunas autonomías la repercusión es mayor que en otras. Pero después de la pandemia, de la huelga de LAJs, etc, si ahora sumamos esto, los procedimientos que se suspendan se van a retrasar y los señalamientos de esos procedimientos se retrasarán todavía más, para el año que viene o hasta dentro de dos años”, fecha Mondelo. 

Desde el ICA de Pontevedra, su decana, Gema Rial, consideran que desde el inicio de la huelga del turno de oficio se está dando una “incidencia desigual”. “Según los datos que manejamos varía mucho de unos partidos judiciales a otros”, manifiesta. En ese sentido, y al igual que Mondelo, cree que es otro golpe que tiene que encajar la Justicia después de la huelga de los LAJs, la de los funcionarios o la amenaza el año pasado de los jueces y fiscales de convocar los paros. 

“El funcionamiento de los juzgados no termina nunca de normalizarse”, lamenta Rial, incapaz de determinar si es el momento más delicado de la Justicia en España, pero “sí que el momento es malo, muy malo”. “Tenemos que intentar alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes, es necesario más que nunca un Pacto por la Justicia”, reclama, aunque no cree que la situación de la Justicia venga lastrada por el clima de crispación que se respira en el conjunto de la sociedad.

Para Mondelo, el momento es complicado porque “se junta todo” y “la Justicia está en boca de todos” por lo que considera “decisiones judiciales llamativas”, agregando a todas estas circunstancias el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial “que impide el nombramiento de magistrados, de presidentes de las audiencias provinciales, de algún tribunal superior de justicia…todo conlleva a que la maquinaria no tenga el movimiento y la agilidad que merece”. 

“El problema de la justicia gratuita es que en parte se financia a costa de la abogacía que presta el servicio (pagando la administración solo parte del trabajo efectivamente realizado, pagando poco por el trabajo, no abonando la disponibilidad en las guardias, ni algunos desplazamientos….) y desde hace tiempo parte de la abogacía está muy molesta porque ese servicio público, importante y bien desarrollado por la abogacía, debería abonarse íntegramente por la administración”, justifica Rial.

“VENÍAMOS DE MUY ABAJO” 

Rial recalca en cualquier caso que, en lo que concierne a las demandas de los profesionales del turno de oficio, que piden mejoras laborales, salariales y el reconocimiento de derechos que consideran básicos -derecho a la conciliación, a la baja laboral…-, el ICA de Pontevedra ha emitido ya varios comunicados en los que muestra su apoyo público a los huelguistas. 

“Compartimos la gran mayoría de las reivindicaciones, muchas son reclamadas por la abogacía desde hace tiempo, como ejemplo, que se nos paguen todas las actuaciones que realizamos o que en los casos en que se deniegue el derecho de justicia gratuita al justiciable que no sea el abogado o la abogada quien tenga que reclamar al justiciable para cobrar su trabajo sino que lo haga la administración”, ejemplifica. 

Una tesis que comparten en el colegio lucense, donde la postura adoptada es “desempeñar una función como la de atender la asistencia jurídica gratuita, siendo una profesión libre e independiente en un servicio público que tendría que ser los suficientemente remunerado”, reclamando una mayor equidad en lo que al pago del servicio se refiere, en relación a los saltos en los “precios” que se dan por comunidades. No obstante, pone en valor que en Galicia los pagos sean “puntuales” y “de manera trimestral”.  

Sobre la conciliación y las bajas, Rial ve algunas mejoras tras las últimas reformas legislativas, pero reconoce que “veníamos de muy abajo”. “Es paradójico que siendo la abogacía un pilar básico del Estado de Derecho, tengamos tanto camino por recorrer en lo que a derechos propios se refiere”, interpreta. 

PASARELA AL RETA

Más delicado es en estos momentos el tema de la pasarela al RETA y el callejón sin salida en el que parecen encontrarse en estos momentos miles de mutualistas. Las negociaciones entre el colectivo y el Ministerio de Hacienda parecen no terminar de llegar a buen puerto. Las opciones en estos momentos son, a ojos de muchos afectados, o la pasarela al RETA o una pensión “miserable”. 

“El tema de la pasarela al RETA es una reivindicación plenamente compartida por la Junta de Gobierno del ICA Pontevedra. Todo el mundo tiene derecho a unas pensiones dignas y la abogacía que ha estado cotizando a la mutualidad, cuando además en muchos casos al empezar su profesión, era la única entidad a la que podían cotizar, evidentemente también”, enuncia la decana, muy en la línea de la postura del sector que pide integrar a la totalidad de los afectados en la solución, y no solo a una parte o a la mayoría. 

“No es digno que una vida profesional dedicada a cualquier tarea se salde con pensiones de 500 euros al mes. Los políticos tienen que asumir esa tarea y ofrecer una solución que satisfaga tanto a los abogados que se quieran pasar al RETA como a los que decidan quedarse en la mutualidad”, apostilla Rial.

¿TIENEN VERDADERO DERECHO A LA HUELGA?

Desde el inicio de la huelga hace ya cinco meses se han dado situaciones tan inusuales como las altas forzosas que tuvo que dar el Colegio de Pontevedra después de la baja unánime de los profesionales del servicio en Lalín y A Estrada, una situación que puso por delante el derecho de la ciudadanía a recibir asistencia gratuita al derecho a la huelga de los propios abogados del turno de oficio. Una decisión imitada más tarde por otros colegios como el de León sobre el turno de oficio de Ponferrada. 

Rial recuerda que se trató de una situación “inédita” que había que resolver en esos partidos judiciales “como ente encargado de garantizar el servicio”. La decisión de dar de alta a todos los profesionales del partido judicial fue avalada con “distintos informes jurídicos”, aunque reconoce que puede haber profesionales que lo entienden y “otros no están de acuerdo”, por lo que invita a presentar el recurso a todos aquellos que así lo consideren. 

Desde fuera, en Lugo recalcan que la entidad tiene atribuida “la prestación obligatoria del turno de oficio” por lo que el Colegio está obligado a tener establecido este servicio aunque para los abogados es voluntario adscribirse si el servicio está cubierto. “Si todos los colegiados se dan de baja al ICA le corresponde obligar a los profesionales a establecer un turno. Y si no se cubre con ese partido tenemos que establecerlo con los de otro partido o de la provincia. No podemos declinar una obligación asumida por ley”, enfatiza Mondelo, asumiendo que “el derecho de defensa prima sobre otros derechos como el de huelga, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional”. 

Es aquí donde existe una colisión frontal con el argumento de algunas personalidades de que los abogados no tienen derecho a la huelga, algo que desde el Sindicato Venia se ocuparon de resolver el pasado verano, cuando se celebró la primera jornada de paro en el turno de oficio en la historia de España. Mondelo encuentra aquí un debate al estimar que los letrados son “profesionales liberales, independientes y autónomos, sin depender de nadie que nos retribuya salarialmente de manera directa”.  

“El derecho de huelga, sin cuestionarlo, corresponde a los trabajadores asalariados. En todo caso nosotros tendríamos que hacer un cierre patronal, pero el derecho de huelga corresponde a aquellos sometidos a directrices y que perciben un salario”, juzga el decano de Lugo. De esta forma, Mondelo siembra dudas sobre una huelga que podría no estar del todo bien argumentada jurídicamente hablando, siendo la prueba “la cantidad de jueces que en sus resoluciones manifiestan que los abogados no tenemos derecho a huelga y nos obligan a prestar el servicio”.

“Todos los días pasa eso y lo contrario. No hay ningún tribunal de lo social ni ninguna resolución judicial que diga que los abogados tenemos ese derecho”, zanja. 

EL PAPEL DE LA XUNTA

En este escenario de controversia, desde el ICA de Pontevedra inciden en el hecho de que “la solución del conflicto no está en manos de una sola persona”. Tanto la Xunta como el Gobierno de España tienen mucho que decir y, si bien Alfonso Rueda reclamó “coordinación” a todos los actores implicados tras la consulta de Galiciapress al presidente gallego, por ahora la administración autonómica ha tenido un papel más bien secundario en todo este conflicto. 

Rial recuerda que hay asuntos, como la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que tienen que ser atajados cuanto antes desde Madrid, pero que otros, como la actualización de baremos o el abono por estar de guardia en asistencia a detenidos, son un asunto que compete a San Caetano. “Cada administración tiene que hacer su parte a la mayor brevedad”, reitera Rial, que hace especial hincapié en las reivindicaciones que los gobiernos “conocen de primera mano” y “desde hace ya mucho tiempo”.

Mondelo fía muchas soluciones a la aprobación de la propia Ley de Justicia Gratuita y considera que el hecho de que algunas comunidades tengan la competencia transferida y otras dependan del Ministerio supone un barullo. “Es un problema. Las disfunciones se producen a veces por eso. Los abogados del turno de oficio del territorio común llevan cinco meses sin cobrar y tienen un baremo distinto al de Galicia, por desgracia para ellos. No me extraña que la gente pueda estar cabreada, se manifieste y haga las reclamaciones”, razona. 

UNAS DEMANDAS “HISTÓRICAS” Y CON EL FOCO EN LA RETRIBUCIÓN

En cuanto a las demandas que trasladan desde el ICA de Lugo, su decano observa que son ya “históricas”, al haber sido insistentes en los últimos años en este ámbito, demandando “una mejora del funcionamiento de los juzgados, más dotación de personal a los juzgados, más magistrados en la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Lugo, la creación de una oficina judicial para cubrir a los juzgados con exceso de trabajo y, como no podía ser de otra forma, la mejora de las retribuciones en el TO, una demanda secular que tenemos desde el ICA”. 

Por su parte, desde Pontevedra subrayan que el trabajo está siendo codo con codo con el Consello da Abogacía Galego y con la Dirección Xeral de Xustiza para “conseguir unas actualizaciones del baremo que retribuye sus servicios, que se abonen todas las actuaciones que prestan los abogados, que se nos abone una cantidad por estar de guardia en los servicios de asistencia a detenidos y víctimas de violencia de género y, sobre todo, que se garantice el cobro de las actuaciones y que no sea el profesional quien tras realizar el trabajo para un cliente que le ha sido asignado, y al que por los motivos que sean se le deniegue la justicia gratuita, que se quede sin cobrar o que tenga que litigar frente al mismo para cobrar su trabajo”.

Además de incorporar todas las consideraciones a la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Rial reitera, una vez más, que hay que buscar una solución “al grave problema de las pensiones de la mutualidad”, atendiendo siempre a las aportaciones de los distintos foros en las que los abogados tienen voz y mucho que decir al respecto.