Política Social sostiene que no hubo filtraciones a las residencias y REDE la acusa de practicar una "caza de brujas"

Los resultados de la investigación interna llevada a cabo por la Xunta concluyen que, pese a las denuncias de algunos inspectores, en ningún momento hubo filtraciones a las residencias de mayores y de personas dependientes sobre las fechas de las inspecciones que iban a realizar en los centros para boicotear la propia labor de los inspectores. Así, sostienen que no existen pruebas "que apoyen las acusaciones" realizadas por la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS).
 

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social e Xuventude, María Francisca Gómez Santos, ha informado de ello en respuesta a la parlamentaria del Partido Popular, Raquel Arias, durante la celebración de la Comisión 5ª del Parlamento gallego. En la investigación, a cargo de un funcionario del cuerpo superior de la administración general que no está vinculado a Política Social ni al cuerpo de inspección, fueron entrevistados "todo el personal" que accede a la planificación de visitas y las lleva a cabo, incluidos la directora de Inspección y las jefas de servicio. Los entrevistados, en su "inmensa mayoría" dijeron no compartir la acusación de "chivatazos" a las residencias y nadie afirmó la existencia de pruebas que así lo demostrasen. 
 

La secretaria xeral apuntó que el procedimiento "no reviste carácter sancionador", no está dirigido contra nadie en concreto, ni "sustituye" al procedimiento que impondría sanciones en caso de detectar irregularidades. En todo caso, desde la Xunta consideran las acusaciones "falsas" como "muy graves" y muy dañinas. Por otra banda, el instructor agregó en sus conclusiones que los cambios en el sistema de inspecciones implantados "de forma experimental" no han tenido impacto "en el número de expedientes sancionadores".
 

"UNA CAZA DE BRUJAS"

Desde la Federación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (REDE) señalan que el episodio de esta mañana en el Parlamento de Galicia es el segundo de la "caza de brujas" con la sesión de la Comisión de Política Social, que supone el primer paso para que la Xunta sancione "a los inspectores e inspectoras de servicios sociales que denunciaron públicamente en el pasado mes de agosto que el propio departamento de Político Social boicoteaba su labor inspectora al avisar a las direcciones de las residencias de mayores y de personas con discapacidad las fechas y horas en las que se iban a producir las inspecciones".  

La plataforma reitera que esto es un "hecho gravísimo y prohibido por la normativa en vigor". A renglón seguido, la organización señala que "no hubo investigación oficial para determinar el grado de corrupción denunciado por los inspectores, que mismo habían señalado la responsabilidad de la propia conselleira de Política Social, Fabiola García, como anteriormente ya lo hicieron también las organizaciones de familiares y usuarias y los colectivos y sindicatos que representan a las trabajadoras".