Mariscadores y ecologistas ocupan la mina de San Finx y alertan de la flaqueza de su nuevo dueño

La acción tuvo como objetivo demandar responsabilidades por los persistentes vertidos de metales pesados en la zona. La producción marisquera en la Ría de Noia, famosa por sus berberechos, lleva décadas desplomándose. Los mariscadores señalan a la filtración de metales pesados desde San Finx, que lleva décadas parada pero que funcionó durante gran parte del siglo XX, como uno de los motivos.

Los intentos por reabrir la mina están trabados en una maraña judicial. Los anteriores dueños están siendo investigados por la justicia por permitir filtraciones. También hay cargos de la Xunta pendientes de declarar.

Los activistas exhibieron una enorme pancarta de 40 metros exigiendo el fin de la supuesta impunidad de la mina. Recuerdan que, a tenor de sus análisis, ha estado liberando 50.000 litros por hora de agua contaminada con cadmio, cobre y zinc en los últimos meses.

Gremios de trabajadores del mar y activistas ecologistas han estado instando a la Xunta y a los sucesivos dueños tomar medidas preventivas contra los vertidos durante años. A pesar de iniciativas como el sellado de las galerías de drenaje y la reinundación de la mina para reducir la formación de drenaje ácido, entienden que no han sido suficientes y argumentan que la presunta negligencia de la Xunta ha perpetuado las filtraciones río abajo.

En otro frente, la protesta también demandó la revocación inmediata de la autorización de vertido otorgada por Aguas de Galicia en enero pasado. Esta autorización permitiría el vertido de casi 1.000 millones de litros de drenaje minero al año. Este mes la Xunta filtró que iba revocar ese vertido, asunto que se trató ayer en el Parlamento. 

Los críticos recuerdan que en agosto pasado, Aguas de Galicia confirmó que los niveles de cadmio justo debajo de las balsas donde se desarrolló la protesta superan en 78 veces el valor máximo permitido por la legislación. Lo mismo ocurre con otros metales pesados como el cobre o el zinc, para los cuales se superan los valores máximos permitidos 48 y 8 veces respectivamente.

El diputado socialista Pablo Arangüena denunció ayer en el Parlamento que la Xunta permite vertidos y no imponen las sanciones que deberían. El socialista criticó que la Xunta anunciase la retirada de los permisos pero que no esté claro quien va a reparar el "daño". Si finalmente la Administración revoca el permiso de vertido, está claro que la reapertura de la explotación parece casi imposible. Otra cosa, eso sí, es quien asume la responsabilidad de las filtraciones contaminantes que la propia Xunta ha constatado.

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS DUEÑOS AHORA?

Los portavoces de la plataforma regional, Joám Evans y Rogelio Santos, afirmaron que la empresa actualmente propietaria de las instalaciones no posee la capacidad técnica ni la solvencia económica necesaria para llevar a cabo una actividad que amenaza miles de empleos en la ría de Muros e Noia, ubicada a solo 7 kilómetros aguas abajo.

Hay que recordar que la nueva propietaria es una empresa muy pequeña y de recién creación. Según adelantó Economía Digital, Metais Estratéxicos fue constituida en mayo con sede en Madrid y con un capital mínimo. Esa sociedad es ahora la administradora única de Tungsten San Finx SL, la titular de los derechos.

Al frente está un geólogo peruano Álvaro Fernández Baca,  con relaciones con Rafaella Resoucers, los australianos que tienen una mina de wolframio en Santa Comba y que en su día compraron la mina a la española Sacyr pero que la revendieron este verano tras los problemas en los juzgados. El cambio de denominación de la empresa actual propietaria alimenta las dudas sobre la realidad de la venta y el músculo financiero de los actuales dueños. La empresa la creó un buffete de abogados en mayo y en agosto cambió de nombre, administradores y sede social. 

Fernández Baca, ahora único dueño y administrador de Metais Estratéxicos, también es conocido por su pasado en Tinka Resources, una minera australiana con proyectos en Perú para la extracción de zinc y plata.

Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, anunció nuevas acciones legales  contra varios funcionarios y altos cargos de la Xunta. Alegan que a finales de 2020 actualizaron de manera presuntamente ilegal el plan de restauración  de la mina, pues ese proceso careció, de acuerdo a su versión, del debido procedimiento de información públic.