Asociaciones de jueces y fiscales desconvocan la huelga de este martes y negocian con Justicia sus mejoras

Sobre la campana y sin garantías de que los paros puedan retomarse, pero la decisión de las principales asociaciones de jueces y fiscales de desconvocar la llamada a la huelga programada para este 16 de mayo es un claro gesto de que la voluntad del colectivo es alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Justicia para mejorar sus condiciones laborales y salariales.

La reunión entre los actores implicados está teniendo lugar a esta hora, después de acudir a la cita fijada para las 12 horas. En el encuentro tratarán de limar asperezas en una negociación que podría ser larga y que podría no tener una resolución inmediata, ya que la última propuesta del Gobierno, de 46,7 millones de euros, no fuese suficiente para alcanzar un acuerdo. 

El Ministerio que encabeza Pilar Llop propone una subida cercana a los 500 euros, por ahora insuficiente para cerrar el pacto pero sí como para relajar las tensiones. La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue la última en ceder y suspender la convocatoria "como gesto de buena voluntad". 

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), también fueron favorables a no ir a la huelga de momento, mientras que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) abogan por firmar ya el acuerdo. El diálogo en la Mesa de Retribuciones busca el "beneficio de los intereses de la carrera judicial", por lo que esperan una propuesta mejor que la de la semana pasada, si bien todos valoraron la voluntad del Gobierno después de una propuesta "seria" aunque, todavía, inadmisible para sus intereses.

TURNO DE OFICIO

En paralelo, para esta semana hay convocada una concentración que los abogados del turno de oficio para el jueves, a las 13 horas, ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. El colectivo denuncia la necesidad de tener una "remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita", el pago de "todo el trabajo realizado"; que se actualicen los baremos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC); que se reconozca la "dificultad" para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas y que se reduzca la "carga burocrática".