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A Cobre San Rafael (Atalaya Mining) le toca pagar por intentar ocultar datos sobre la mina de Touro
La Justicia condena a la empresa minera a pagar 3.000 euros tras empeñarse en que Ecoloxistas en Acción no pudiese acceder a la información remitida a la Xunta para su fracasado intento de reapertura de la explotación de cobre.
En 2015, la multinacional Atalaya Mining se alió con los empresarios locales de Explotaciones Gallegas para desarrollar la mina de Touro mediante una filial, Cobre San Rafael.
Los opositores del proyecto argumentan que la actividad minera podría tener impactos negativos en la calidad del agua, la salud pública y la economía local.
Finalmente la Xunta les dio la razón y tumbó el proyecto, pero Atalaya Mining lleva años asegurando que va a presentar otra solicitud.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a los promotores de la mina de Touro (ubicada a unos 20 kilómetros de Santiago de Compostela) a pagar un máximo de 3.000 euros en costas por tratar de impedir el acceso a información ambiental por parte de Ecoloxistas en Acción.
Tal como ha indicado la asociación ecologista, esta sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se produce después de que Cobre San Rafael presentase una demanda para tratar de impedir que el colectivo tuviese acceso a la información ambiental relativa a la concesión minera.
LA EMPRESA CRITICA A LOS ECOLOGISTAS
El caso se remonta a 2021, cuando la organización ecologista solicitó a la Xunta copia de los planes anuales de labores y del proyecto de restauración de la mina, así como de varios informes de inspección y de expedientes sancionadores contra la empresa.
"Aunque la Xunta concedió el acceso a la información, la sucesión de recursos y demandas presentas por la empresa buscaba demorar que este se hiciese efectivo, retrasándolo de hecho más de dos años", ha explicado Exoloxistas en Acción.
En aquel momento, Cobre San Rafael había presentado recurso administrativo acusando a Ecoloxistas en Acción de tener "intenciones espurias" por utilizar "el cauce legal de las solicitudes de acceso para obtener información sensible con la expresa y espuria intención de filtrarla y entregarla a terceras entidades que vienen haciendo un uso indebido, por manipulación intencionadamente tergiversada e infundada de su contenido".
Sin embargo, ahora el TSXG ha rechazado las pretensiones de la empresa y la ha condenado al pago de hasta 3.000 euros en costas.
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