Concluye sin acuerdo otra reunión entre el Ministerio de Justicia y los letrados, que mantienen la huelga

Nueva jornada de negociación y enésima vez en la que las partes siguen sin acercar posturas para resolver un conflicto que ya ha afectado a más de 230.000 juicios en apenas un mes. 

Desde el comité de huelga cargan con dureza contra la ministra Pilar Llop, a la que critican por no sentarse a negociar personalmente con ellos y preferir en su lugar "visitar queserías"

Otro fiasco en las conversaciones que mantienen hasta la fecha el Gobierno de España y el Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que siguen en huelga indefinida después de un mes de parón, lo que ha afectado a más de 230.000 procesos judiciales. 

A estas cifras, hay que añadir las "342.000 demandas pendientes de reparto y más de 810 millones de euros los bloqueados en las cuentas de los juzgados a la espera de la resolución del conflicto", como señala el comité de huelga en un nuevo comunicado en el que lamentan, una vez más, el fracos de las negociaciones ante el persistente "bloqueo al servicio público" por parte del Ministerio.
 

Desde el comité sostienen que vienen de presentar una nueva propuesta de resolución que ha tenido como respuesta la "cerrazón e inmovilismo" de la cartera que Pilar Llop, a la que reprochan que siga "sin ponerse al frente de este grave conflicto, prefiriendo visitar queserías".

"DESTROZO MAYÚSCULO"

"Nos han cambiado el marco negocial y pretenden que la negociación continúe por escrito. Si lo que el gobierno pretende es evitar a los medios de comunicación, pinchan en hueso, ya que informaremos cumplidamente de las graves consecuencias de la actitud ministerial", reprenden, al tiempo que recuerdan que, sin acuerdo, se hace "caso omiso" a las peticiones del Congreso de los Diputados y gobiernos autonómicos que piden resolver la crisis. 

"Este comité está en la obligación de denunciar ante la opinión pública que el destrozo que está ocasionando el Ministerio de Justicia, con el beneplácito del Gobierno, en la Administración de Justicia es de dimensiones mayúsculas, previéndose ya un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de los procedimientos judiciales, con el consiguiente coste económico en planes de recuperación. La inacción e intransigencia ministerial le va a costar el dinero a todos los españoles", censuran.