Pensiones e indemnizaciones bloqueadas por la huelga de los Letrados de Justicia que para cientos de juicios en Galicia

La huelga indefinida de los antiguos 'secretarios judiciales' vive hoy su tercera jornada de protestas. Los manifestantes dicen que el Ministerio de Justicia traba la negociación.

Pilar Cancela Ramírez de Arellano, letrada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, explica para Galiciapress los motivos de esta protesta y sus consecuencias a corto y largo plazo . 

En este contexto, se están dando situaciones como que no funcionarios sustituyen a los letrados en el juicio del Alvia de Angrois por una huelga que bloquea a diario miles de procesos en toda España.

Tras la manifestación en Madrid a principios de semana, las movilizaciones llegan a Galicia.  Habrá concetraciones este jueves frente a los juzgados de A Coruña y Vigo, por ejemplo.

El martes 24 de enero quedaron suspendidos miles de juicios en toda España por la huelga indefinida convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ). Esta triada busca mejorar la situación de los Letrados de la Administración de Justicia, antes conocidos como “secretarios judiciales”, una figura milenaria en el ámbito de la Justicia y que en el S. XXI quiere ver recompensado su trabajo tras, dicen, más de una década de promesas incumplidas por parte de las administraciones públicas. 

IMPACTO EN GALICIA

Solo en A Coruña el número de juicios suspendidos el lunes rondó los 300, mientras que en Vigo fueron unos 180. Y así por todos los juzgados gallegos y del resto de España, perjudicados por esta huelga que afecta a 4.300 funcionarios. Funcionarios como Pilar Cancela, destinada en una sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La labor de profesionales como ella es una de esas piezas “indispensables” para el correcto ejercicio de la Justicia en nuestro país, ellos son parte de un colectivo “poco cambiante” que ahora reclama una modernización. 

“No fue hasta este siglo que conseguimos cambios, no en la estructura a nivel organizativo, pero sí modificaciones legislativas”. Cancela se refiere a la reforma procesal que entró en vigor el 1 de enero de 2010, que incluía cambios que permitían agilizar los trámites, cambiaba la figura del secretario judicial y les otorgaba mayores competencias a un cuerpo que se encarga de muchas tramitaciones para “garantizar que los procedimientos llegan al juez, para que pueda dictar sentencia y la sentencia se ejecute”. 

Embargos, demandas, pagos, costas, indemnizaciones, multas, pensiones…un sinfín de diligencias que recaen sobre ellos, que actúan “como notarios dentro de un juzgado” dando fe publica con sus firmas. “Convertimos los documentos en auténticos e íntegros. Gestionamos los fondos, más de 40.000 millones en toda España”, afirma Cancela, al tiempo que puntualiza que otra obligación es la de colaborar con otras administraciones como Hacienda mientras dirigen la oficina judicial a su cargo.

“Es una cantidad ingente de funciones. La estructura de un juzgado es muy piramidal, pero cada juzgado tiene un solo letrado que se encarga de todo”, explica Cancela. De esta forma, si paran ellos, se para todo, y habrá personas que no puedan recibir sus pensiones o indemnizaciones mientras no se reactiven estos mecanismos. 

LETRADOS ‘SUSTITUTOS’ PARA JUICIOS COMO EL DEL ALVIA DE ANGROIS

El seguimiento en estas primeras horas de huelga es muy amplio, según manifiestan los colectivos convocantes. Este escenario no se parece al de los momentos más críticos de la pandemia, cuando el Parlamento adoptó medidas como la suspensión de plazo para los procesos judiciales. “La administración funcionó bien entonces y la administración de Justicia estuvo a la altura. Pero aquí los plazos siguen corriendo, el trámite puede entrar, pero queda paralizado”. 

De esta forma, a lo que nos enfrentamos es a que muchos juicios se dilaten todavía más en el tiempo, con reclamaciones muy atrasadas que, al no celebrarse, quedan pendientes de un nuevo señalamiento. Otros juicios, trascendentes como es el caso del del Alvia de Angrois en la Cidade da Cultura, se están celebrando pero por una persona “que no es funcionaria”. “Ese juicio es atendido por lo que denominamos un ‘sustituto’. Demuestra que Ministerio no cubre la plaza por un titular y acude gente que no es funcionaria”, reprocha Cancela. 

“El Ministerio no cubre las plazas: no convoca oposiciones, la oferta de empleo público está paralizada, no hay concursos de traslados…" 

“El Ministerio no cubre las plazas: no convoca oposiciones, la oferta de empleo público está paralizada, no hay concursos de traslados… Con lo cual, cuando una plaza queda vacante como en el caso del juicio del Alvia, se llama a una persona que está apuntada en las listas. Estas personas entran en concepto de sustitución y tienen la misma validez y eficacia que si fuese un letrado titular, pero precisamente la relevancia les da igual el tipo de plaza cubierta. Sigue sin cubrirse ni atender las necesidades de la incorporación de letrados titulares”, apostilla Cancela. 

“SE NIEGAN A NEGOCIAR”

En este tira y afloja entre los letrados y el Ministerio de Justicia, el Gobierno dice trabajar para “revertir los recortes de plantilla y la congelación salarial” que afecta a estos profesionales, algo que no perciben desde el sector. “Con la reforma de 2010 la administración nos dice que estamos en crisis, que no hay dinero y que el compromiso se adoptará cuando mejore la situación. Estamos así hasta 2020 y la disposición adicional en donde se dice que hay que hacer una adecuación salarial y asunción de nuevas responsabilidades no se cumple”, rememora.

La adecuación es una de sus principales demandas, pero no la única, ya que el apartado salarial, si bien es importante, forma parte de una bateria de medidas para mejorar las condiciones de un estatuto jurídico “que debe ser actualizado”. 
 

“Formamos parte del Grupo A1, la categoría más alta, pero no tenemos la carrera profesional que se le reconoce a los jefes de servicio de otras administraciones. Hubo tal pasividad que un letrado que hoy aprueba estas oposiciones carece de categoría y tienen que pasar 5 años hasta tenes esa categoría, pese a que acceder a este puesto requiere de un nivel. Podemos tener 80 máster, estas especializados en mil cosas…pero no tenemos los mismos reconocimientos”, lamenta Cancela. 
 

Pese a estar al mismo nivel de jueces y fiscales, por ahora el Ministerio de Justicia no se ha sentado a negociar con este grupo de 4.300 afectados. De hecho, Tontxu Rodríguez, secretario de Estado, calificó sus protestas de “huelga política”. “Es un conflicto laboral, puro y duro”, reprende Cancela, “decir que 4.300 funcionarios pueden hacer una huelga política me chirría”. 
 

“No deja de ser un conflicto laboral que no quiere ser reconocido. No existen conversaciones, no atienden a nuestras llamadas, se niegan a sentarse y mantienen su actitud férrea en la negativa, despreciando nuestras manifestaciones”, lamenta Cancela, que valora como “desafortunadas” las tácticas adoptadas hasta la fecha por el Ministerio, que durante los primeros pasos del incipiente conflicto sí buscó entablar un diálogo para evitar los paros parciales. 

Ahora, y pese a aplicar unos “servicios mínimos abusivos”, Cancela tiende la mano para que esto se resuelva. “Nosotros tenemos esperanzas de lograr una solución. ¿Hay dificultades? Sí. Pero ya hay unos acuerdos escritos y publicados. Eso no lo han cumplido, y exigimos que se cumpla”, enfatiza, antes de concluir que la suya es “la primera huelga indefinida en la historia de unos Letrados de la Administración de Justicia”: “Ni vamos a arruinar al Estado ni hacer una huelga que haga tambalear al Gobierno. Solo queremos que cumplan lo acordado”.