Un hombre se enfrenta a ocho años de prisión por almacenar y distribuir material pedófilo desde Monforte de Lemos

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo juzgará este próximo martes, 29 de noviembre, a un hombre acusado de almacenar y compartir material pedófilo desde su domicilio en Monforte de Lemos. Por estos hechos se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años de prisión.

Según relata el Ministerio Fiscal, a consecuencia de las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de la existencia de varios archivos que circulaban por internet en diferentes direcciones y que contenían material de contenido inequívoco pornográfico infantil.

En el marco de esta investigación, se determinó que al menos un usuario realizaba la búsqueda, descargar y compartición de estos archivos a través de dos IP asociada a una línea telefónica con domicilio en el municipio lucense.

Después de identificar al usuario del ordenador desde donde se estaban realizando dichas descargas, se acordó la entrada y registro en el establecimiento regentado por el acusado, además de en su domicilio.

Ahí encontraron el ordenador desde el cual se habían realizado las conexiones a distintos archivos de contenido pedóficlo, que el acusado, "con pleno conocimiento, procedió a compartir a través del programa de intercambio de archivo eMule".

De este modo, según indica el escrito de la Fiscalía, permitía "conscientemente" la descargar de los archivos previamente obtenidos por él a otros usuarios de la red, que se identificaron en diferentes momentos entre los días 30 de enero de 2019 y 20 de marzo de 2019, así como entre el 4 de mayo de 2019 y el 4 de junio de 2019.

Con el análisis del material intervenido, se comprobó que el acusado, bajo el nombre de usuario generado por el programa eMule, se descargó de manera consciente material de contenido pedófilo, en el que se utilizaba a menores de 16 años, numerosas fotos y vídeos multimedia.

De esta misma manera, se pudo comprobar que no solo almacenaba el material, sino que lo distribuía entre distintos usuarios del programa P2P.

Por estos hechos, que constituyen un delito de corrupción de menores, el Ministerio Fiscal procede a imponer al acusado la pena de ocho años de prisión. Solicita además que se le imponga la medida de libertad vigilada por tiempo de seis años y la participación en programas formativos de educación sexual.