La Xunta defiende que "no hay nada que ponga en duda" la luz verde ambiental a Altri: "Ahora está en manos del Gobierno"

"Si no se puede enchufar, no puede funcionar", avisa Lorenzana sobre la falta de conexión a red eléctrica y la necesidad de una subestación

Las conselleiras de Medio Ambiente y Economía, Ángeles Vázquez y María Jesús Lorenzana, defienden la "transparencia" de la "totalmente rigurosa" declaración ambiental otorgada por la Xunta a Altri para su proyecto en Palas (Lugo), puesto que "no hay nada que ponga en duda" esta autorización. Avisan de que "ahora está en manos del Gobierno" la viabilidad, ya que, más allá de la financiación, debe otorgar conexión eléctrica a la futura fábrica.

En rueda de prensa en Santiago tras publicarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la luz verde ambiental, Lorenzana ha explicado que se quiere transmitir "tranquilidad" a la población sobre este polémica futura fábrica, al tiempo que Vázquez ha dicho que quieren "dar la cara" ante un proyecto que reconoce que "generó controversia" y "preocupación social", la cual "muchas veces vino motivada por intereses partidistas".

Así, la Xunta defiende una declaración ambiental que incluye condicionantes que la empresa debe cumplir y un programa de vigilancia ambiental para esta factoría de fibras textiles con base en celulosas (eucalipto).

Entre otros pasos a seguir, queda pendiente el trámite de emisión de autorización ambiental integrada, el informe en materia de urbanismo y que se eleve finalmente todo el expediente al Consello de la Xunta para su aprobación --que incluye la licencia--, a partir de lo cual podrán comenzar las obras.

Eso sí, Lorenzana avisa de que actualmente el proyecto "no tiene garantizada la infraestructura de interconexión eléctrica necesaria", puesto que "por el momento no fue incluida por el Gobierno central en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica". Una cuestión por la que, "con independencia de la financiación", "no podría llevarse a cabo" y "no es viable" por su falta de conexión eléctrica.

"Ahora está en manos del Gobierno, en concreto en manos del Ministerio de Transición Ecológica, que tutela Redeia, la red de transporte eléctrico nacional, decidir si se invierte en la subestación que daría interconexión eléctrica al proyecto o no", asegura Lorenzana.

"SI NO SE PUEDE ENCHUFAR, NO PUEDE FUNCIONAR"
"Una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar", avisa Lorenzana, sobre la falta de conexión por parte del Ministerio a la planta de Altri.

Advierte de que "son años para incorporar la modificación de la red de transporte" y "para hacer la obra relativa a la subestación". Remarca que la construcción de la fábrica "se puede simultanear" con la de la subestación.

"No tiene sentido que se comience la construcción de una fábrica que no tiene conexión eléctrica", opina la conselleira de Economía. Incide en que la viabilidad de la factoría "depende absolutamente" de Transición Ecológica.

SEIS AÑOS DE VIGENCIA
El hecho es que ahora esta declaración ambiental tiene seis años de vigencia antes de que caduque. "El tiempo de tardanza del proyecto está en manos del Gobierno central, no de la Xunta de Galicia", sentencia Lorenzana. "Si caduca" esta autorización, "sería por inacción del Gobierno central", deja claro.

Por parte de la Xunta se indica que, en caso de se judicialice, ese plazo de seis años se paralizaría, según prevé la ley. En todo caso, una DIA "no es recurrible", resalta Ángeles Vázquez.

Además, Vázquez apunta que la empresa "tiene que ver" si acepta los condicionantes que le pone la Xunta, "que son muchos" desde el punto de vista "tecnológico y monetario". "Si no los aceptan, lo que tienen que hacer es desistir", pues "el tiempo empieza a contar desde el día de hoy".

REDUCCIÓN DE VERTIDOS EN EL ULLA
De tal forma, Vázquez ha desgranado que un total de 42 técnicos firman los 34 informes sectoriales incluidos en la DIA, los cuales son "todos favorables o favorables condicionados".

Sobre de los puntos más polémicos del proyecto, como es el vertido al río Ulla, Ángeles Vázquez ha subrayado que se ha producido una reducción de los valores límites de emisión respecto a lo contemplado inicialmente, de forma que se rebaja en un "73%" el fósforo y en un "43%" el nitrógeno. A ello se suma que la tecnología de ultrafiltración con membranas "no hace prever alteraciones significativas" en el río para "conservar el buen estado actual". También descarta afecciones "significativas" superior al límite del 5% en el embalse de Portodemouros.

Paralelamente, apunta que no se prevén impacto pesqueros al situarse a "más de 70 kilómetros" de la planta. Se identificaron 529 mejillones de río aguas arriba del punto de vertido y ocho mejillones aguas abajo, sobre estos últimos "se adoptarán todas las medidas" para que no se afecte a la especie. Vázquez sostiene que no se prevé "daños significativos" en las vegetaciones de ribera en los cursos fluviales.

Existirá una "zona tapón" de 50 metros respecto a la ZEC Serra do Careón y se exige un cinturón perimetral de 55 hectáreas a aumentar "sustancialmente" el tamaño de tres especies de plantas (Armeria merinoi, Magarza de Barazón y Santolina melidensis)

También habrá un plan de gestión de olores y un proyecto de control arqueológico. Igualmente, se contemplan franjas perimetrales de especies arbóreas autóctonas para minimizar impacto visual.

Esta fábrica de producción de fibra textil a base de celulosas (eucalipto) ocupará unas 112 hectáreas en Palas. Tendrá un capacidad máxima de 400.000 toneladas al año de celulosas, el doble de las 200.000 toneladas de fibra textil (lyocell). Contará con una chimenea de 75 metros para maximizar la dispersión atmosférica.

La empresa ha expresado que quiere 250 millones de ayudas públicas con una inversión de cerca de 1.000 millones, pendiente de que el Gobierno central resuelva peticiones de subvención. El plazo previsto de ejecución de las obras es de tres años desde su inicio.

Sobre el consumo de agua, incluye un sistema de captación en el embalse de de Portodemouros, municipio de Agolada (Pontevedra), con un caudal de 46.000 m3/día. Habrá una estación de bombeo, una estructura flotante y se prevé captar agua potable de pozos de la Finca de Quintas y del río Ulla, entre otras cuestiones.

MÁS DE 27.000 ALEGACIONES
El proyecto, denominado Gama, recibió 27.100 alegaciones. Según la Xunta, 26.937 de ellas se corresponden con algún tipo de modelo (hay 25 diferente) y solo 163 alegaciones escritas de forma "singular".

Entre ellas, hay 6.500 solicitudes de reconocimento de interesado en el procedimiento. Ante esto, la Adminstración gallega comenzó en septiembre de 2024 a enviar notificaciones a estas personas. Recientemente, el DOG publicó un aviso por no haber podido localizar a más de 800 de ellos y se prevé se complete este proceso próximamente.

SIN CONTAR CON ENTIDADES COLABORADORAS
Esta semana el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló parcialmente el decreto de la Xunta por el que se regularon las Entidades de Colaboración Aambiental (ECA) y se creó el registro de Entidades de Colaboración Ambiental de Galicia y el banco de personas expertas en evaluación ambiental al entender que supone una privatización parcial de los procedimientos de evaluación ambiental.

Preguntada por esta cuestión y si el expediente contó con empresas privadas para la elaboración de expedientes, Ángeles Vázquez ha zanjado que "no hubo" ninguna "entidad colaboradora", puesto que lo firman "42 técnicos". Por ello, asegura que afrontan con "total tranquilidad" esa sentencia.