Reproches entre Xunta y oposición a cuenta de la decisión del TC sobre obras en la costa

La conselleira de Vivenda, María Martínez, ha instado al Gobierno central a "cubrir las lagunas" de la normativa estatal sobre obras ilegales en la costa, después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional que Galicia limite a 15 años el plazo de actuación contra obras ilegales en este ámbito.

A preguntas de los medios, en un acto en Pontevedra, ha instado al Gobierno a "regular la prescripción de la caducidad de la acción" al entender que el fallo del Tribunal Constitucional plantea, según la Xunta, "la falta de competencia de una comunidad para cubrir esa laguna que existe en la normativa estatal".

"Una edificacion que tenga orden de demolición y no se ejecute en 15 años sí que pasaria a situación de fuera de ordenación, sin embargo una edificacion que lleva 40 años edificada nunca estaría en esa situación", ha citado como ejemplo y tras incidir en que la normativa autonómica busca "crear seguridad jurídica a esas construcciones que llevan décadas en la servidumbre de costas".

De la normativa estatal, ha remarcado que "no establece un plazo de caducidad de acción para que la administración pueda iniciar un expediente de reposicion de la legalidad como existe en zonas de especial protección como la paisajística", ha apostillado también.

Ahora, ha dicho que lo que espera la Xunta es que el Gobierno "regule esa prescripción de la caducidad de la acción" si el Constitucional considera "que las comunidades autónomas no son competentes para esa regulación".

PSDEG: "VARAPALO A LA XUNTA"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha tachado de "varapalo a la Xunta" la resolución del Tribunal Constitucional que declara nulos varios artículos de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2023 que limitan a 15 años el plazo de actuaciones contra obras ilegales en la costa: "Las construcciones ilegales son ilegales y así deben tratarse".

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de las Fiestas de la Ascensión que se celebran este jueves en Santiago de Compostela, Besteiro ha hablado de dicha sentencia, subrayando que va en la misma línea que defendían los socialistas hace un año. Por ello, según él, esta situación se podría haber evitado si el Gobierno gallego se hubiese sentado con el Ejecutivo central a tratar dicho tema.

"En cuestión de obras ilegales, no se pueden establecer periodos para santificarlas", ha subrayado, criticando la que, a su juicio, fue la política urbanista de la Xunta durante años: "dejar ir haciendo, para después tener plazos de prescripción y evitar demiliciones".

"Las construcciones ilegales son ilegales y así deben de ser tratadas. Es un varapalo importante que el Constitucional le da a la Xunta en esa pretensión que hizo en el 2022 y que ahora viene a confirmase que es totalmente inconstitucional", ha sentenciado.

BNG: LA XUNTA VA "EN DIRECCIÓN CONTRARIA"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado que el fallo del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional que Galicia limite a 15 años el plazo de actuación contra obras ilegales en la costa, confirma que la Xunta va "en dirección contraria".

Así lo ha expuesto, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su presencia en las fiestas de la Ascensión, en Santiago de Compostela, y después de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucionales y nulos los artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2023 que limitan a 15 años el plazo de actuaciones contra obras ilegales en la costa.

"Llevamos mucho tiempo denunciando el uso espurio que hace -- el PP -- de la ley de acompañamiento de los presupuestos". "Pretenden colar por la puerta de atrás auténticas barbaridades", ha sentenciado Pontón, quien ha incidido en que el objetivo era "legalizar instalaciones que son ilegales". "Esto no se puede tolerar, desde un punto de vista político esta disposicion adicional era ilegal, lo que tiene es que proteger nuestro litoral no a quien infringe la legalidad", ha sentenciado.