ACOUGA acusa a medios, empresarios y sindicatos de difamar a jueces que paralizaron las eólicas

La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA) sale en defensa de las sentencias del TSXG que han paralizado cuatro parques eólicos este año. Es más, alertan de una "campaña de difamación" contra la Justicia por parte de "la patronal eólica, la Confederación de Empresarios de Galicia, sindicatos como CCOO y UGT y determinados voceros mediáticos".

En el epicentro de esta polémica está Luis Villares. El juez del TSXG fue líder de En Marea, etapa en la que se mostró crítico con algunos parques eólicos. Ahora, sus críticos le culpan, sin señalarle explícitamente en público, de falta de imparcialidad.

Acusaciones que vierten, recuerda ACOUGA, pese a que todas las sentencias fueros aprobadas por unanimidad por los diferentes magistrados, que también rechazaron las peticiones de las promotoras eólicas apartar al ex-político del proceso. Además, por ahora, la instancia superior, el Supremo ha avalado las decisiones del tribunal gallego.

El colectivo de consumidores acusa a la Xunta de ponerse de lado de las empresas, aceptando triquiñuelas como partir en varios proyectos un único parque para "evitar un procedimiento ambiental más riguroso". Si los parques superan cierta potencia, su revisión ambiental depende del Estado y no de la autonomía.

¿QUIÉN CONTROLA EL IMPACTO AMBIENTAL?

Los encargados de redactar los informes obligatorios son las propias empresas promotoras, que contratan a biólogos, ingenieros, arqueólogos, etc.  Esos documentos son después revisados por la Administración, que aprueba o deniega las declaraciones de impacto ambiental (DIA). 

El sector insiste en que esos informes son garantía suficiente, mientras ACOUGA los tilda de obscuros, parciales e improvisados. Su aprobación, entiende, está próxima a la "prevaricación administrativa".

El colectivo de usuarios, que es uno de los que ha llevado los parques a juicio, asegura que no está en contra de la energía eólica, pero sí de un sistema que creen no es justo, porque, dicen,  los molinos "solo enriquecen a los especuladores" tal y como está organizado ahora el sector.

Por eso, prometen que seguirán defendiendo los intereses de sus socios perjudicados por las instalaciones. Algo que es puede ser muy trascendente para la economía del país.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

La Xunta de Galicia en los últimos años ha rechazado docenas y aprobado centenares de proyectos. Las sentencias del TSXG solo afectan por ahora a cuatro de los aprobados, pero utilizan razonamientos jurídicos que pueden ser reutilizados por ACOUGA y otros colectivos para pedir la paralización de más autorizaciones, de hecho los ecologistas de ADEGA están recaudando fondos para abrir nuevos frentes jurídicos. 

Más eventuales sentencias paralizando parques eólicos pueden lastrar el desarrollo en el país del sector. Al margen del impacto económico -la inmensa mayoría de los parques no son de empresarios gallegos y el empleo que generan a largo plazo es muy reducido, aunque sí es considerable durante la fase de construcción-, hay que tener también el punto de vista energético. La eólica de Galicia ya ha logrado convertirse en la principal fuente de energía de la autonomía, algo clave para luchar contra el cambio climático.