Ferroatlántica plantea a la Xunta una comisión mixta que vigile sus compromisos

Ferroatlántica ha solicitado formalmente a la Xunta la constitución de una comisión mixta de seguimiento "que vigile el cumplimiento de los compromisos industriales y de creación de empleo que ofrece realizar en Galicia".

A través de un comunicado, la compañía destaca que "asume de manera oficial que ante una hipotética no ejecución de esos proyectos la Xunta de Galicia estará revestida de la plena potestad sancionadora contra Ferroatlántica".

La empresa, como los trabajadores, está a la espera de la respuesta de la administración a su solicitud para segregar las actividades de ferroaleación y generación eléctrica relativa a los aprovechamientos hidráulicos en los ríos Xallas y Grande.

De recibir un sí, podría vender el negocio hidroeléctrico --ya tiene comprador-- "y así concentrar todos sus esfuerzos en el de ferroaleaciones", según llama la atención.

"Con la suma obtenida de la enajenación de esos activos, el grupo ejecutará un plan de futuro que en Galicia supone la inversión de 100 millones de euros y la creación de 200 empleos directos y 300 indirectos", asegura.

Añade en la nota de prensa que el programa incluye una nueva planta de silicio solar y la modernización de las actuales fábricas de Cee y Dumbría.

"CONVENIO DE COLABORACIÓN"

El acuerdo firmado por Ferroatlántica con los sindicatos UGT, CC.OO, USO y SU, según señala, es "legalmente vinculante dentro del ámbito del estatuto de los trabajadores al haberse alcanzado en el marco de un proceso de negociación colectiva (con igual validez y vinculación para la empresa que un convenio colectivo)".

En particular, indica que "cualquier incumplimiento de Ferroatlántica generaría una inmediata responsabilidad jurídica que sería el fundamento para emprender acciones legales por parte de los representantes sindicales en contra de la empresa".

De este modo, según ahonda, "Ferroatlántica somete el cumplimiento de sus compromisos de inversión y empleo bajo el plan de futuro a la doble supervisión de la Xunta de Galicia y de los representantes sindicales, de modo que el Gobierno autonómico podrá imponer sanciones a la compañía en caso de incumplimiento de sus compromisos".