​El Congreso aún paga el 'paro' a 23 diputados cesados en diciembre

El Congreso sigue pagando una indemnización de 2.813 euros al mes a 23 diputados de la legislatura que concluyó con las elecciones del pasado 20 de diciembre, y se prepara para empezar a abonar en las próximas semanas la que corresponde a los parlamentarios que dejaron de serlo como consecuencia de las generales del 26 de junio.

En los últimos siete meses ha habido tres remesas de diputados que han tenido que dejar el Congreso: los que no lograron renovar sus escaños en diciembre, los que la perdieron en mayo con la disolución de las Cortes, y los que han sido diputados hasta el pasado lunes por haber formado parte de la Diputación Permanente, pero ya no tienen puesto en la Carrera de San Jerónimo.

Los que cesan definitivamente (ya fuera en diciembre o ahora) tienen derecho a la denominada indemnización por cese si han tenido escaño durante un mínimo de dos años. Esta suerte de 'paro' no se puede compatibilizar con ninguna otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.

Y, por su parte, los que dejaron de serlo en mayo cuando se disolvieron las Cortes y no se integraron en la Diputación Permanente, pudieron solicitar la conocida como indemnización de transición y cobrar el equivalente a dos meses de su sueldo. Así lo hicieron 203 diputados de entonces, que recibieron el correspondiente pago único.

El Congreso tuvo que compatibilizar el pago de las indemnizaciones por cese de diciembre con las de transición de mayo, y ahora tendrá que pagar en paralelo a los cesados a finales de 2015 y a los que lo han sido ahora al arrancar la nueva legislatura, siempre y cuando tengan un mínimo de dos años de trayectoria parlamentaria, lo que excluye a los que se estrenaron en enero.

INCOMPATIBLE CON OTRO SUELDO

Dado que esas indemnizaciones por cese no se pueden percibir si se cobra otra retribución pública o privada, algunos de los exdiputados que la pidieron en diciembre dejaron de percibirla al encontrar trabajo, como fue el caso de exministros como la 'popular' Ana Mato o los socialistas Jesús Caldera y Trinidad Jiménez.

Entre los 23 que a finales de junio aún la percibían, figura el 'popular' Ignacio Gil Lázaro, que fue miembro de la Mesa del Congreso en la X Legislatura, y que aún podrá cobrarla durante 19 meses más hasta llegar al máximo de dos años que fija el Reglamento de pensiones parlamentarias. En total percibirá 67.532,88 euros.

Durante 15 meses más, hasta otoño de 2017, la podrá cobrar la exdiputada del PSC Isabel López i Chamosa, que tiene derecho a una veintena de mensualidades (56.277,4 euros en total), mientras que el socialista Julio Villarrubia, podrá hacerlo durante 13 meses más, hasta alcanzar los 19 cobros a los que tiene derecho (53.463,53 euros).

El secretario general del PCE, José Luis Centella, quien ejerció como portavoz parlamentario de IU hasta diciembre, también figura entre los beneficiarios de esta indemnización, que podrá percibir otros once meses (hasta primavera de 2017) y que, de completar ese periodo, sumará 33.766,44 euros.

En total, si todos los que aún la cobran reciben todas la mensualidades y no se ven obligados a renunciar a ella por encontrar un trabajo, la Cámara todavía tendrá que abonar más de medio millón de euros por estas indemnizaciones.

OTRAS PENSIONES PARLAMENTARIAS

Además, todavía hay 104 exdiputados y exsenadores de antes de 2008 que siguen cobrando las pensiones que se suprimieron hace unos años para los nuevos parlamentarios pero que se mantienen para los que lo hacían hasta ese momento.

Las Cortes están abonando cada mes 106.700 euros por este concepto, lo que supone una media de unos 1.000 euros por beneficiario. Los que perciben una mensualidad mayor son el exsocialista y posterior fundador de IU Pablo Castellano que recibe 2.995 euros y la exdiputada de IU Cristina Almeida después de Nueva Izquierda, con 2.695 euros.

También hay 53 veteranos exparlamentarios que perciben un complemento de pensión que les pagan las Cámaras para que puedan llegar a la pensión máxima y que, por tanto, varía en cada caso. Hace dos legislaturas la Cámara eliminó esa ayuda, pero los que venían recibiéndola hasta entonces lo han seguido haciendo. El total que se paga al mes por estos complementos es de 48.600 euros, una media de poco más de 900 euros mensuales.

En el régimen de protección social de las Cortes se incluye, asimismo, una ayuda para cónyuges o hijos de diputados y senadores fallecidos que actualmente perciben 63 beneficiarias. Esta pensión, pensada para personas en situación económica complicada, debe solicitarse expresamente y, si se concede, se revisa de forma anual. Actualmente supone un coste de 61.800 euros al mes, lo que supone una media de 980 euros por caso.