​Investigan la contratación de inmigrantes sin papeles como “internas” para cuidar de ancianos en Galicia

Las afectadas de esta red de explotación laboral son en torno a 60 mujeres procedentes de América Latina, según investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Lugo.

Al frente de la trama está, presuntamente, la dueña de una agencia de trabajo, denunciada por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Foto: EP

Dispuestas las 24 horas del día, todos los días de la semana y sin descanso laboral. Por supuesto, engañadas, sin contrato, sin formación, sin seguro y sin el mínimo atisbo de derechos laborales. En estas condiciones estaban, según relata Público, decenas de “internas” en geriátricos gallegos, principalmente de Lugo, procedentes de América Latina y sin papeles.

Al frente de esta trama de explotación laboral se encuentra la dueña de la empresa Asistencia Castroverde S.L. –ahora en proceso de liquidación-, que está siendo investigada, junto con otras cinco personas cooperantes en la actividad delictiva, por el Juzgado de Instrucción 3 de Lugo por delitos contra los derechos de los trabajadores. La firma, con convenios con varios ayuntamientos, proporcionaba a los solicitantes “personal para el cuidado de personas mayores y dependientes”.

CERCA DE 80 EXPLOTADAS

Al parecer, familiares de los residentes contrataban estos servicios gracias a las ayudas concedidas por el Gobierno de Galicia. No obstante, en torno a 80 mujeres estaban en situación irregular en España en el año 2019, aunque la causa solo ha localizado hasta le fecha a 60 víctimas, de las que 40 ya han prestado declaración.

Otras no han querido denunciar por el miedo que, por su situación irregular, puedan ser expulsadas. La empresa llegó a tener dadas de alta en la Seguridad Social a 27 trabajadoras y pasó inadvertida para las administraciones públicas.

PAGOS EN SOBRES, SIN DERECHO A LIBRAR…

Las afectadas podrían haber estado trabajando durante 3 años en situación irregular y recibiendo pagos en negro –entre 800 y 1.000 euros por estar internas las 24 horas en las casas de los mayores de los hasta 1.520 euros al mes que costaba el servicio- en sobres o por medio de una plataforma de pago, así como presiones de la investigada para mentir sobre su situación en España.

También les retiraba 100 euros de la “nómina” por cada día libre. Y si una familia se quejaba de la poca preparación de la cuidadora, la dueña de la agencia la remplazaba por otra.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Ahora, la presunta responsable de esta trama podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión, entre otras penas por otros delitos que puedan serle imputados, como el hecho de proponer a las familias no cobrarles el IVA. La investigación, iniciada en 2019 después de la denuncia de uno de los ancianos al tener conocimiento de la situación de su cuidadora,  ha recopilado gran cantidad de información, entre ellas mensajes y escuchas telefónicas en las que, según indican, quedan probadas las presiones de la denunciada.

Aunque muchos son los concellos afectados, ni las administraciones locales ni la Xunta se han personado en la causa, aunque el dinero público haya jugado un papel importante en este caso.