El Poder Judicial investigará los cobros de los jueces en Madrid

El Consejo General del Poder Judicial toma cartas en el asunto e investigará las primas a los jueces madrileños y al personal que ha colaborado en el desarrollo de sistemas informáticos para mejorar la administración judicial. El órgano de gobierno de los jueces ha puesto en marcha dos iniciativas. Por un lado, el promotor de la acción disciplinaria ha citado este lunes al presidente del Tribunal de Justicia de Madrid, uno de los que ha cobrado estas primas, para comunicarle la apertura de una información previa para aclarar si los magistrados que han participado en este proceso incurrieron o no en incompatibilidad. Si así fuera, el asunto iría a la Comisión Disciplinaria. Además, la comisión permanente se ha reunido este lunes y ha reclamado por unanimidad al servicio de inspección un informe sobre estos hechos.

El diario El País informa que la empresa Indra ha pagado más de 200.000 euros desde el año 2010 a una treintena de jueces y personal de la administración de Justicia que les han asesorado en mejorar el sistema informático de juzgados y tribunales. Unos pagos que se han hecho por indicación de la Comunidad de Madrid, a pesar de que el régimen de incompatibilidades impide a jueces y magistrados cobrar de empresas privadas.  

Los vocales progresistas, estupefactos

Estos jueces señalan que Vieira no puede echar balones fuera sobre la incompatibilidad que tiene con el oficio de juez este tipo de trabajos. Un magistrado lo “es las 24 horas del día”.

Por eso apuntan a que la incompatibilidad no solo se ciñe a la actividad jurisdiccional sino a todas aquellas actividades que están relacionadas con la judicatura, a excepción de las académicas o creativas. Por supuesto que los vocales progresistas entienden que se deberían haber solicitado la autorización correspondiente al órgano de gobierno de los jueces, pero van más allá.

Consideran que la independencia judicial podría quedar en entredicho si un día la empresa adjudicataria- y la que pone el dinero- ,es decir INDRA, llega a los tribunales y uno de los magistrados que han trabajado para ella, debe asumir esa causa.

Comunicado de Vieira

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, ha emitido un comunicado oficial en el que reconoce los hechos. Explica en el comunicado que fue en 2010 cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha este sistema de gestión procesal, y que “requirió de la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la administración de justicia”, añadiendo que “como no son funciones propias de su cometido, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo”, por lo que se acordó con la Agencia de Informática y Comunicaciones una compensación económica a través de INDRA, contratada para gestionar este nuevo sistema. En cualquier caso, insiste en que no se ha incurrido en ningún tipo de incompatibilidad porque la ley autoriza a los magistrados a realizar colaboraciones técnico-jurídicas.

Vieira reconoce la veracidad de esta información y afirma que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda, “efectuándose las retenciones correspondientes”, afirmando también que no solicitaron autorización al Consejo General del Poder Judicial por entender que no era necesaria la concesión de compatibilidad en base a lo que determina el Reglamento de la Carrera Judicial.

Este tipo de trabajos, prosigue en su escrito el presidente de los jueces madrileños, son “normales” incluso “esenciales” porque dota a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas necesarias para llevar adelante las labores de impartir justicia.

Por su parte la asociación de jueces, Francisco de Vitoria, ha aclarado que no se trata de primas, sino de "retribuciones fiscalizadas", el marco legal de este tipo de trabajos es impecable y ya hace doce años que, por ejemplo, el sistema informático Libra, desarrollado por el Ministerio de Justicia se puso en marcha con una estructura similar.

De manera contraria se opina desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios - CSIF -, sindicato mayoritario en el sector Justicia,se ha exigido a la Comunidad de Madrid que informe de las partidas presupuestarias destinadas al programa de asesoramiento para el desarrollo de aplicaciones informáticas y los supuestos pagos a jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Este sindicato también entiende que es "intolerable" que la Administración lleve a cabo planes de este tipo "al margen de las Centrales Sindicales presentes en Mesa Sectorial de Justicia", así como que se seleccione al personal que colabora en las labores de asesoramiento sin la debida publicidad.

En la Puerta del Sol

La Comunidad de Madrid ha negado que se paguen primas periódicas a los jueces y otros empleados judiciales por asesorar o participar en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña,

Según fuentes regionales, el Gobierno de Madrid, siguiendo las directrices del convenio IUS estatal para agilizar el funcionamiento de la Justicia, sacó a concurso dichas tareas, que comenzaron en 2011. El concurso lo ganó la empresa Indra, una de las más importantes del sector en España, a cambio de una cantidad económica.