La Xunta busca aprobar proyectos contaminantes aprovechando el coronavirus, alertan ecologistas

Las asociaciones, entre las que figuran Greenpeace, Verdegaia, Ecologístas en Acción o la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino NON, denuncian que el Gobierno de Galicia intenta dar luz verde a cerca de un millar de “proyectos industriales especialmente controvertidos” durante este Estado de Alarma.

Las plataformas critican este movimiento de la Xunta, que llega en un momento en el que los movimientos sociales no pueden salir a la calle a denunciar los peligros medioambientales y los riesgos para las personas que suponen muchos de estos proyectos que ahora la administración autonómica tiene encima de su mesa.

Los ecologístas denuncian el supuesto favor de Feijóo a las empresas privadas

“El Consello de la Xunta del jueves 30 de abril del 20201 aprobó reactivar la tramitación administrativa en materia de evaluación ambiental de 975 proyectos que estaban paralizados por el Estado de Alarma. Fruto de eso, y cuando aún existe una seria crisis sanitaria y la población sigue confinada y sin poder desarrollar sus actividades de forma normalizada, la Xunta de Galicia dictó una Orden, publicada en el DOG2 de este 4 de mayo, para que comiencen a correr los plazos de exposición pública de estos proyectos industrias de gran impacto”, señalan las plataformas firmantes.

Las organizaciones advierten que entre los proyectos que se someterán a su posible aprobación, procedentes de todos los rincones de Galicia, hay algunos que son “especialmente sensibles y controvertidos”. Escombreras, plantas de gestión de residuos, líneas de alta tensión o parques eólicos son solo algunos de los muchos expedientes que en la Xunta están reactivando.

Por otro lado, los denunciantes recalcan el “gran rechazo social” que granjean estos planes, que en muchos casos tienen “características poco respetuosas” con el medioambiente y son perjudiciales para el territorio y el equilibrio social y económico de las zonas afectadas. “Detrás de estos proyectos están medianas y grandes empresas (muchas veces foráneas) que pretenden hacer un gran negocio con los recursos de nuestra tierra y que actúan únicamente en beneficio propio sin tener en cuenta las personas y los entornos afectados”, lamentan las asociaciones.

SIN MANIFFESTACIONES, SIN CAMPAÑAS, SIN PROTESTAS…

Todo esto ocurre en un momento donde el derecho a la manifestación está supeditado al Estado de Alarma. La cuarentena tiene atados de pies y a manos a todos estos colectivos, que no pueden llevar a las calles sus reivindicaciones ni contrastar las informaciones y documentos que dicen apoyar a los proyectos de estas características, limitando sus denuncias exclusivamente a las campañas de redes sociales.

Además, en este Estado de Alarma también hay que poner el foco en lo que marca el real decreto en torno a los plazos de tramitación. “El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo del 20203, por lo que fue declarado el Estado de Alarma, estableció con carácter general la suspensión de los términos y de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Solo contempla, como forma excepcional, que se puedan acordar, mediante resolución motivada, a continuación de aquellos trámites que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.

Desde los organismos firmantes denuncian que el Gobierno de PPdeG está “dándole curso y facilidades a todos esos proyectos de gran impacto y contaminantes”. “Con esta orden, Alberto Núñez Feijóo trata descaradamente de dejarnos a los gallegos y gallegas en situación de indefensión y dificulta, aún más, la participación de la ciudadanía en los procedimientos administrativos, para beneficio y lucro de estas empresas privadas”, lamentan, a la vez que advierten que la Xunta da la espalda a las personas directamente afectadas por estos proyectos en favor de las grandes empresas.

“PARALIZACIÓN DE LA ORDEN”

Por estos motivos las plataformas exigen “la paralización de la Orden dictada por la Xunta” y alegan que los planes del Gobierno de Galicia son “de una gravedad extrema” y que los proyectos que pretenden reactivar “no cumplen los requisitos de interés general indispensables que se exigen en pleno Estado de Alarma”

“Bajo estos elementos, no es admisible que se reactiven las tramitaciones, pues no tendrían todas las garantías previstas en la legislación. Por eso reclamamos que, atendiendo al Estado de alarma, se paralice de inmediato el efecto de la Orden dictada por la Xunta, hasta que no recobremos la total normalidad social”, concluyen.