Funcionarios de prisiones exigen a Sánchez que cumpla con la equiparación salarial

Los operarios públicos, aprovenchado su patrona, le recuardan al Gobierno su promesa y denuncian la falta de personal, lo que supone un peligro para su seguridad y la de los propios presos.

Una pasada movilización de los funcionarios de prisiones de A Lama

Trabajadores de prisiones, convocados por los sindicatos Acaip, CC.OO. y UGT, se han concentrado este lunes a la entrada de la cárcel de A Lama (Pontevedra) en protesta por el "deterioro" e sus condiciones de trabajo y para reclamar al Gobierno central que "cumpla sus compromisos" en materia salarial y de personal.

Coincidiendo con la celebración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, los trabajadores se han concentrado a las puertas de la prisión pontevedresa desde las 7,30 horas, coincidiendo con el relevo del turno de mañana y un día antes de reunirse en Madrid con representantes del Gobierno. A ellos, les exigen que aporten "una propuesta económica suficiente y capaz" para paliar la "brecha salarial" entre los funcionarios de los diferentes centros del Estado.

Los sindicatos denuncian el "intencionado olvido y menosprecio" del Ministerio del Interior con el colectivo de prisiones en los últimos años, en lo que definen como la "etapa más decadente de prisiones de toda la democracia", ante la apuesta del Gobierno por "degradar el servicio público penitenciario y orientarlo a su privatización, deteriorando condiciones laborales".

Ante ello, buscan mandar "un mensaje" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que "cumpla los compromisos que adquirió en sede parlamentaria" en relación a sus reclamaciones laborales.

En esta línea, sindicalistas de CC.OO. han recordado que el propio Grande-Marlaska admitió que se trataba de unas "reivindicaciones justas", ante lo que exigen actuaciones por parte del Gobierno.

PRESUPUESTOS

Los sindicatos afirman que el Gobierno incorpora en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades necesarias para remunerar las plazas de trabajadores penitenciarios, tanto las ocupadas como las vacantes. Sin embargo, al no cubrirlas, "ahorra cientos de millones de euros". En concreto, los sindicatos aluden a que, en los presupuestos actuales, el Gobierno se ahorraría más de 115 millones al dejar sin cubrir 3.393 plazas.

Una práctica que aseguran que es reiterada y que supone que en los tres últimos años se han dejado sin cubrir "siempre por encima de las 3.000 plazas". "Los empleados y empleadas públicas consideramos que es hurtarnos nuestros derechos laborales y económicos", añaden las centrales sindicales.

Las cifras "escandalosas" de plazas sin cubrir suponen el 30%, de modo que 1 de cada 4 empleados que debería de haber y está presupuestado no será contratado, según los datos que aportan los sindicatos. De hecho, calculan que la cantidad que se ahorraría el Estado es mayor que la que supondría garantizar la igualdad salarial entre puestos de trabajo iguales.