El asesinato de Núria, una trabajadora penitenciaria del Centro Penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), del que está a punto de cumplirse un año, puso de relieve las deficiencias en seguridad en las cárceles catalanas y llevó a la Conselleria de Justícia a tomar medidas, como restringir el acceso de los internos más peligrosos a zonas de alto riesgo, como las cocinas. Según CSIF, esta fue la "única decisión coherente" tomada por el conseller Espadaler en esos meses