Funcionarios de prisiones

El último episodio violento en una penitenciaría de la comunidad catalana, donde falleció una trabajadora, ha provocado una oleada de indignación y protesta ante las prisiones, donde los funcionarios reclaman más medios y una mayor protección para que no se siguan reproduciendo episodios similares de agresiones contra los operarios.

El sindicato advierte que en las instalaciones hay varios condenados que no se ajustan al perfil que se exige en una penitenciaría como la lucense.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebran este fallo del TSJM que podría repercutir sobre todo el sector.

Una trabajadora del centro penintenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) permanece suspendida de empleo y sueldo desde el pasado 30 de agosto tras la apertura de un expediente ante las sospechas de que mantenía una relación afectiva con uno de los internos de la cárcel.

Las organizaciones sindicales del Centro Penitenciario A Lama (Pontvedra) --ACAIP-UGT, CC.OO., ATP y CSIF-- han denunciado nuevas agresiones al personal penitenciario por parte de dos internos peligrosos que causaron contusiones a unos funcionarios.

Las calles de Pontevedra han acogido este martes una manifestación a la que se han sumado más de medio millar de funcionarios de prisiones de toda Galicia que reclaman la equiparación salarial en todo el Estado, así como la cobertura del "gran número de plazas vacantes" existente actualmente en las prisiones españolas.

Destacan que los cambios de turno se produjeron "con horas de retraso", mientras Instituciones Penitenciarias reduce el seguimiento al 72%

El sector de trabajadores de prisiones en Galicia, al igual que en el conjunto del Estado, está llamado a la huelga desde este sábado 17 hasta el martes 20 de noviembre. Además, el último día, el 20, está convocada una manifestación por las calles de Pontevedra.

José Manuel Piñeiro, presidente territorial de CSIF y funcionario en Teixeiro, atiende a Galicia Press para explicar cuál es la situación viven los funcionarios de prisiones ante el anuncio de que la convocatoria de huelga es ilegal y para exponer las reivindicaciones de los miembros del sector.

Los sindicatos acusan al Ministerio del Interior, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de intentar "impedir por todos los medios" las concentraciones "con el uso desproporcionado de la fuerza y aplicando una brutalidad incomprensible e intolerable"

Asimismo, reclaman que se cubran las 3.000 vacantes de trabajadores en los centros penitenciarios.