Al no superar los 20.000 euros, el gobierno puede adjudicarlos a dedo, sin publicidad, una práctica muy criticada por la oposición.
El montante global desciende hasta 610 millones, pero está pendiente de adjudicar casi un 17% del conjunto de las obras abiertas.
El caso se relaciona con unas adjudicaciones que pueden costar hasta 11 millones de más a Mercamadrid sin "explicación técnica que lo justifique".
La defensa de la constructora relacionada con las adjudicaciones investigadas recurre la decisión de la jueza de renunciar al último testigo, lo que podría alargar más la instrucción.
Así o denuncia a CIG, que tamén informa de "adxudicacións irregulares".