El juez que investiga el naufragio del Villa de Pitanxo interroga este lunes a dos directivos de la armadora
La investigación del trágico suceso que costó la vida a 21 marineros en Terranova se intensifica las declaraciones de José Antonio Nores padre e hijo
El juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, acontecido en febrero de 2022 cerca de las aguas de Terranova, en Canadá, ha citado para este lunes a dos directivos de Pesquerías Nores, la armadora del navío.
José Antonio Nores, director general de la compañía, y el responsable de Flota de la empresa, también llamado José Antonio Nores, padre e hijo respectivamente, están llamados a declarar como investigados por su posible implicación en el trágico suceso.
Esta diligencia ha sido solicitada por la defensa de las familias de los 21 fallecidos en el naufragio. Además del capitán del barco, la querella incluye a la propia armadora, señalándola como parte responsable.
Paralelamente, están previstas las declaraciones de tres marineros que formaron parte de la tripulación del Villa de Pitanxo en mareas anteriores. También se ha citado, mediante videoconferencia, a tres tripulantes del buque portugués Novo Virxe da Barca, uno de los primeros barcos en responder al llamado de auxilio del Pitanxo.
El pesquero Villa de Pitanxo se hundió a 450 kilómetros de la costa de Terranova, dejando un saldo de 21 marineros fallecidos de un total de 24 a bordo. Desde entonces, las familias de los fallecidos han buscado esclarecer las circunstancias del naufragio.
En el transcurso de la investigación, el juez ya ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín, así como a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, los únicos supervivientes del naufragio. Las declaraciones de Kwesi han aportado una versión que contradice la de Padín y Rial, sugiriendo posibles negligencias que pudieron desencadenar en la tragedia.
Como medida cautelar, al patrón del barco se le ha prohibido salir de España, se le ha retirado el pasaporte y se le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días ante la justicia. Además, se ha llevado a cabo una inspección ocular del barco durante este verano, como parte de las diligencias de la investigación.
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