Desalojo forzoso de pisos de la "red mafiosa" que alquila a personas vulnerables en Vigo

El Ayuntamiento asegura que está ayudando a los inquilinos que sí cumplieron con la orden de desalojo con el sobrecoste de irse a otros alojamientos y que no puede precisar cuántos siguen en los edificios, pero estima que hay más de 40 personas afectadas.

El Concello de Vigo ha tenido que ordenar por segunda vez en pocos días el desalojo de los edificios de Fisterra 11 y Fisterra 13, según una nueva resolución a la que ha tenido acceso Galiciapress. El motivo alegado por la Administración es que no se ha cumplido la orden previa de desalojo y corte de luz, emitida el día 24.

Hay que recordar, que según denunció el activista Paulino Campos, en esos inmuebles opera una "red mafiosa" que alquila "pisos basura" a inmigrantes y otras personas vulnerables. 

En varios informes de los funcionarios municipales queda constancia de que el Ayuntamiento sabía desde hace varios años que en los inmuebles operaba una "pensión", pese a los reiterados expedientes por falta de seguridad y condiciones insalubres.  No hay constancia oficial de que en esos predios haya permiso alguno para establecimiento hostelero y, según un certificado municipal de diciembre pasado, en esas direcciones no había autorizado ningún negocio de ese tipo.

El Ayuntamiento mandó desalojar por vez primera el día 19, alegando haber recibido una denuncia recientemente y haber constatado el riesgo de incendio que supone el cuadro eléctrico. 

Una decisión que llegó días después del incendio mortal en otro edificio en malas condiciones en Alfonso X. La principal hipótesis de esa tragedia es, precisamente, un fuego originado en el cuadro eléctrico.

Sin embargo, esa primera orden parece que no se ha cumplido. Así, la Xerencia de Urbanismo, al ordenar otra vez "inmediato desalojo y corte de suministración eléctrica" esgrime un informe de la Policía Local en el los agentes "comprobaron que había subministración eléctrica ya que había alumbrado en las zonas comunes y además numerosas viviendas seguían habitadas y sus residentes no parecían tener intención de abandonarlas voluntariamente".

Cuando anunció el primer vaciado, el Ayuntamiento dijo que los inquilinos -no son ocupas- serían realojados en hoteles y hostales. Galiciapress preguntó a la administración sobre su situación actual -la mayoría son personas inmigrantes y con alguna discapacidad- sin obtener respuesta por ahora.

¿Quien es el responsable de esta situación? La documentación municipal indica que el actual propietario es la empresa Centro Finist SL, empresa creada en 2022.  Sin embargo, como explicó Galiciapress, hay que tener en cuenta que la propiedad ha cambiado al menos dos veces en los últimos años. 

Eso sí, el administrador único de todas las sociedades es el mismo empresario, que figura como directivo de una treintena de inmobiliarias en Vigo y comarca, con propiedades sobre todo el el casco viejo olívico. Galiciapress ha intentado en numerosas ocasiones ponerse en contacto con este hombre de negocios, sin éxito.

Ante la posibilidad de que el empresario no atienda esta nueva orden municipal, el Ayuntamiento ha pedido a la Justicia permiso para entrar en los predios y proceder a su vaciado. ¿Qué sucederá con las personas vulnerables que pagan un alquiler por vivir allí?

Consultado por Galiciapress, desde el Ayuntamiento de Vigo se explica que por ahora están esperando la respuesta del juzgado para entrar en el edificio. Sobre la situación de los inquilinos, destacan que previamente a la primerea orden, hablaron con las familias afectadas para buscarles una solución de transporte o alojamiento.

En concreto, portavoces oficiales indica que la Administración les está pagando la diferencia entre lo que pagan por su nuevo alojamiento y lo que abonaban por ser inquilinos en la calle Fisterra. El número de personas afectadas se estima en más de 40 y el Ayuntamiento indica que no puede precisar cuántos siguen viviendo en los inmuebles sobre los que pesan ya dos órdenes de desalojo.  

¿QUIÉN DEBE ALOJAR A LOS VULNERABLES?

Esta crisis de alojamiento de varias docenas de personas vulnerables llega en un momento complicado para las administraciones. Xunta y Ayuntamiento han discutido públicamente sobre quien es el responsable de encontrar viviendas de emergencia para personas en situación vulnerable al hilo de la tragedia de Alfonso X. En ese edificio ocupado vivían varias familias con menores pese a que los bomberos habían advertido del riesgo.

Varios colectivos como Sociedad Gitana Española y Os Ninguén dijeron tras el incendio en el que murieron tres niños gitanos que hay colectivos que tienen imposible o muy difícil acceder a un alquiler en Vigo por problemas de racismo y falta de recursos. El colectivo romaní incluso indicó que va a denunciar al alcalde Abel Caballero.El Ayuntamiento, a su vez, dijo que había pedido a la Xunta una vivienda para esas familias gitanas y que el IGVS dijo que no había disponibles.

Está claro que problemas de vivienda en las ciudades llevan a algunas personas a aceptar alojamientos en dudosas condiciones. En el caso de Fistera, los propios informes del Ayuntamiento se señala de maneira reiterada que, además de los problemas con la electricidad, hay habitaciones minúsculas, de unos seis metros cuadrados y las zonas comunes están en mal estado. Las fotografías remitidas a Galiciapress muestran humedades, cucarachas en la cocina y escaleras con defectos.

Está por ver si, a raíz de estos desalojos, se comprueba si, como alertó Campos, existe una "mafia" en Vigo que se aprovecha de los problemas de estas personas vulnerables y del encarecimiento de la vivienda para ofrecer infraviviendas, sin cumplir los requisitos legales.