Vázquez Almuiña reivindica la gestión covid de Feijóo, el "especialista mayor" de los presidentes autonómicos

La comparecencia del exconselleiro deriva en un debate con guiños a la política estatal y acusaciones de "desprecio" a empleados públicos

El exconselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuiña, que gestionó los primeros meses de la pandemia de la covid-19 hasta su cese en septiembre de 2020, ha comparecido este martes en la comisión de contratos del Parlamento gallego para defender las compras de emergencia realizadas en su etapa y reivindicar la gestión del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Un presidente de la Xunta que era el especialista mayor entre todos del rango político de ese nivel en conocimientos", ha explicado Vázquez Almuiña, para seguidamente destacar los "nueve años de experiencia" --aunque realmente eran 11, desde 2009-- que tenía el ahora líder estatal del PP.

"Por tanto, (Feijóo) podía colaborar con su experiencia, escuchar a la gente que estaba a pie de calle, que era la gente que estaba en todas las áreas sanitarias, en todos los días de la pandemia", ha añadido, justo antes de mencionar al exconselleiro de Facenda Valeriano Martínez, fallecido en su despacho en octubre de 2021, porque "siempre dio facilidades" para financiar las compras de material sanitario.

Las referencias al expresidente gallego y a la política estatal están siendo habituales en los discursos de esta comisión de investigación impulsada por el BNG en el Parlamento, pese a que el plan de trabajo, aprobado por el PP en solitario, no contempla ni a Feijóo ni a su entorno familiar.

La oposición así lo reclamaba a raíz de los contratos adjudicados a empresas como Eulen --su hermana, Micaela Núñez Feijóo, es directora para el Noroeste-- y Universal Support --perteneciente al Grupo Konecta, donde es directivo su cuñado, Ignacio Cárdenas--.

LA PANDEMIA, "UN LIBRO EN BLANCO"
Vázquez Almuiña, ahora alcalde de Baiona (Pontevedra), ha reivindicado la gestión de la covid desde el inicio, cuando era "un libro en blanco". Ha recordado que la Xunta declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, con "aún cero fallecidos", mientras que en España el estado de alarma se activó "un día después, cuando la influencia ya era importante".

El entonces titular de Sanidade ha reivindicado la constitución del comité clínico, con "33 personas con nombres y apellidos" a las que ha sugerido hacer "un homenaje". Se reunían "dos veces por semana" y "fuera de su horario de trabajo" para decidir los siguientes pasos a dar, que "en muchos casos eran limitaciones de derechos fundamentales" que requerían el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En este sentido, Vázquez Almuiña recuerda que se decretó el cierre de la comarca de A Mariña en julio de 2020, a pocos días de las elecciones autonómicas del día 12, "una medida muy drástica" cuando "lo fácil era no hacer nada". Finalmente, ha apostillado, se celebraron "elecciones libres".

Toda esta gestión la ha contrapuesto con la del Gobierno central, porque "tardó en declarar el estado de alarma", por su "falta de control" de las entradas por los aeropuertos y por la "ineptitud en establecer la población de riesgo" dentro de España.

En lo que respecta al modelo concesional del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, otro de los asuntos que investiga la comisión, el exconselleiro a recordado que "lo primero" que hizo cuando tomó posesión en octubre de 2015, durante los primeros meses de funcionamiento del centro sanitario, fue visitarlo y adoptar las medidas para "corregir" los problemas de la infraestructura y del traslado de servicios.

Asimismo, se ha referido al informe del Consello de Contas, que dice que la Administración se hubiese ahorrado 470 millones si hubiese licitado por separado las obras y los servicios del hospital, para señalar que, en cambio, destaca que la Xunta realiza un "control efectivo de la fase de ejecución" del contrato de concesión.

BRONCO DEBATE
Las intervenciones de los grupos parlamentarios ha derivado en un bronco debate con continuos guiños a la política estatal y con acusaciones mutuas de "desprecio" a empleados públicos entre PP y PSdeG.

Primeramente, el BNG y el PSdeG han vuelto a denunciar el "paripé" y el "atropello" de los populares con esta comisión. A esto ha sumado el nacionalista Óscar Ínsua que toda la documentación remitida al Parlamento se les envió "ayer (lunes) a las 5.00 de la tarde".

Entrando en materia, la diputada socialista Patricia Iglesias ha vuelto a señalar las "irregularidades" en licitaciones públicas que "no se pueden normalizar", como el "trato de favor y favoritismo" de la Xunta con empresas dirigidas "por un familiar", además de los "fraccionamientos" de los contratos.

Mencionando empresas como Eulen, Mape Asesores y Universal Suppor, Iglesias ha afeado que fue "un modus operandi" del PP durante los casi 16 años que lleva en la Xunta.

Mientras, Ínsua (BNG) ha cuestionado, "después de leer el informe del Consello de Contas", que los contratos de emergencia fuesen controlados por los servicios jurídicos de la Administración.

Asimismo, el nacionalista ha señalado que, de entre todos los contratos menores señalados por Contas, hay "una animalada" que no se correspondían con compras centralizadas de material sanitario de emergencias.

UN MERCADO "DIFÍCIL DE CONTROLAR"
A este respecto, Vázquez Almuiña ha explicado después que, en los seis meses que estuvo al frente de la pandemia, la Xunta tramitó "10 expedientes de emergencias" para la compra en "un mercado cambiante, inestable y que era difícil de controlar".

En todo caso, el exconselleiro ha asegurado que se hizo "diversificación de fuentes" y que las empresas con las que se contactó --ha empleado este calificativo tanto para Sibucu como para Universal Support-- eran "solventes".

Fruto de estas gestiones, "el Sergas no tuvo que anticipar ni un solo euro en sus compras", mientras que otras autonomías "pagaban por material que luego no recibían".

LA "SIMBIOSIS MALÉFICA" BNG-PSDEG
Por parte del PPdeG, Roberto Rodríguez ha denominado "simbiosis maléfica" a los portavoces de BNG y PSdeG en el debate, a los que también se ha referido como "tontos útiles, en términos estrictamente políticos".

Del Bloque lo ha dicho porque no dice "ni mu" de la "corrupción sistemática" que, según el popular, salpica al Gobierno central y busca "taparla". Del Partido Socialista, porque es el "tonto útil" del BNG en esta "comisión de difamación".

Pero Rodríguez ha dirigido la mayoría de sus críticas hacia la intervención de Iglesias, porque --a su modo de ver-- ha llamado "corruptos a todos los integrantes de los 73 órganos de contratación que tiene la Administración autonómica".

La diputada socialista --letrada del Consello de Contas de profesión--, ha contraatacado con una "lección de contratación pública" para atribuir ese "desprecio" al Gobierno autonómico con el Álvaro Cunqueiro. "No confió en los empleados públicos para elaborar los pliegos, valorar las ofertas y hacer un seguimiento correcto de la ejecución del contrato" de concesión, ha resumido.

Posteriormente, Rodríguez (PP) le ha pedido que "no mueva los marcos" y que, si cree que "se amañó" algún concurso público durante la pandemia, acuda "al juzgado". "No vaya a una notaría", ha deslizado, en referencia al líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato.