Año y medio de prisión para dos ganaderos que maltrataron 30 animales en la "granja de la muerte" de Melide
Dos responsables de una explotación equina en A Coruña reciben penas de prisión e inhabilitación por negligencia extrema. El Partido Animalista considera insuficiente la sentencia.
El Juzgado de lo Penal nº2 de A Coruña ha dictado sentencia en un caso de maltrato animal que ha conmocionado a la comarca de Terra de Melide. Dos ganaderos han sido condenados a 17 meses de prisión y 4 años de inhabilitación para la tenencia y cuidado de animales por mantener en condiciones deplorables a decenas de équidos en su explotación.
La investigación, iniciada en 2019, reveló un panorama desolador: caballos, potros, ponis y mulos en estado de desnutrición severa, sin acceso a agua limpia, hacinados y rodeados de sus propios desechos. El juez ha calificado el trato dado a los animales como "ensañamiento", destacando el visible sufrimiento de los équidos.
NEGLIGENCIA VETERINARIA
La sentencia también señala la responsabilidad moral de la veterinaria que visitaba regularmente la explotación. Según el magistrado, aunque no se le puede imputar legalmente, su falta de denuncia la convierte en "moralmente responsable de la muerte de los animales".
El Partido Animalista (PACMA), que se personó en la causa, ha expresado su decepción con el fallo judicial. La organización solicitaba una condena por cada animal afectado, así como cargos adicionales por delitos de grupo criminal, ecológico y falsedad documental para uno de los acusados.
MEDIDAS CAUTELARES Y DESTINO DE LOS SUPERVIVIENTES
Tras la intervención de PACMA en 2020, el juzgado ordenó la retirada cautelar de los animales supervivientes, que fueron entregados a la Xunta de Galicia. La sentencia actual ha decretado la incautación definitiva de estos équidos.
A pesar de considerar la sentencia como "un paso", PACMA insiste en que no es suficiente dada la magnitud del maltrato. La organización reitera su compromiso de seguir luchando para que este tipo de delitos reciban castigos proporcionales al sufrimiento causado.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia en las explotaciones ganaderas y ha reavivado el debate sobre la efectividad de las leyes de protección animal en España.
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