Aseguradoras atrasan pruebas médicas a funcionarios para meter presión a Muface, denuncia CIG

En concreto, en  A Coruña hay 43.334 mutualistas y beneficiarios, en Lugo con 13.613, en Ourense 12.358 y en Pontevedra 31.725. En total son 101.030 personas cubiertas por tres seguros privados de salud a través de la mutua pública. De ellos, cotizantes, mutualistas, son algo más de la mitad, unos 63.000. 

Es una cantidad de personas que, evidentemente, el castigado sistema sanitario público del SERGAS no está en condiciones de asumir de sopetón si, como han declarado, ninguna aseguradora privada se presenta al nuevo concurso que prepara la administración estatal. 

Así las cosas, el encuentro convocado por el Estado hoy, que buscaba aclarar el futuro de la cobertura sanitaria de los 1,5 millones de mutualistas ha terminado sin soluciones. 

MUFACE ha reafirmado su compromiso de garantizar la asistencia sanitaria a todos los mutualistas, manteniendo las mismas prestaciones que en la actualidad. Sin embargo, los sindicatos han expresado su insatisfacción con las garantías ofrecidas y han planteado la posibilidad de movilizaciones si no se presenta un plan claro para el futuro del servicio.

En Galicia, el sindicato CIG ha solicitado garantías firmes a MUFACE para asegurar una atención sanitaria adecuada a sus mutualistas y beneficiarios, tras la reciente deserción de tres grandes aseguradoras del concurso de prestación de servicios médicos. 

Por su parte, CSIF ha convocado concentraciones para el próximo lunes en  frente a las subdelegaciones del Gobierno para reclamar la continuidad de la mutualidad. También ha anunciado que asesorará jurídicamente a los afectados por los recortes de las prestaciones y exige una reunión inmediata con el ministro. Desde CCOO también han amenazado con movilizaciones si el EStado no presenta un plan claro para el futuro del servicio.

La situación para el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es complicada. Por una parte, las aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios (Adeslas, DKV y Asisa) dicen que están perdiendo dinero todos los años prestando el servicio y que la oferta para renovarlo para los próximos años es claramente deficitario.

Por otro lado, los sindicatos denuncian que los mutualistas han experimentado un deterioro en la atención por parte de esas compañías en su empeño por ahorra. Critican también barreras burocráticas para acceder a servicios esenciales. Incluso, en algunos casos, han debido acudir a los tribunales para recibir la atención sanitaria contratada. 

La CIG añade que ha detectado retrasos en pruebas médicas diagnósticas y atención hospitalaria, atribuyéndolos a la incertidumbre del concurso. Desde el sindicato nacionalista creen que estos aplazamientos podrían deberse a la presión que ejercen las aseguradoras para obtener mayor financiación. 

Es indudable que las aseguradoras están metiendo presión. Por ejemplo, DKV acaba de enviar una comunicación a los funcionarios que son clientes suyos en la que confirma que "DKV no participará en los nuevos conciertos con las mutualidades". Es más, la empresa pone fecha a su salida del sistema. "Queremos informarle de que podrá seguir haciendo uso de la asistencia sanitaria con DKV hasta el próximo 31 de enero y les mantendremos informado de los próximos pasos", indica.

En definitiva, la tensión entre MUFACE y los sindicatos parece lejos de resolverse y las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro del modelo de asistencia sanitaria para los funcionarios en España. Muchos se preguntan porqué los funcionarios disfrutan de un modelo ad hoc que les permite acceder a la privada, cuando existe un sistema sanitario público.

De hecho, la CIG ya contempla abiertamente las dos opciones. La primera, que el Estado conserve el actual modelo, como es su intención, realizando una nueva oferta a las compañías. En ese caso, la central nacionalista reclama "atar en curto ás aseguradoras" para que todas las prestaciones actuales sigan cubiertas.  Con todo, la CIG se abre a la otra opción, que los mutualistas pasen a ser cubiertos por el SERGAS. Para ello, exige, eso sí un plan a medio plazo para dotar a la sanidad pública de más trabajadores y recursos. 

"Se non se tomasen medidas previas, estariamos diante dun problema enorme que afectaría por igual a toda a poboación galega polo aumento de listas de espera como resultado dunha aínda maior saturación do sistema", advierte.