Cataluña quiere dejar atrás el procés y abrir una nueva etapa

Mientras en Oriente Medio Israel, que tiene el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea, sigue matando gente como y cuando quiere y sin importarle que la mayoría sean niños y niñas en el escenario de Cataluña aparece una posibilidad real de que se abra una nueva etapa política que deje atrás el procés sin por eso desatender la notable pulsión nacionalista. Una nueva etapa que, a pesar de su urgencia, aparece desde el primero momento montón de incertidumbres y escollos.

Un cambio que, de materializarse, tendrá efectos financieros y fiscales sobre todas las comunidades autónomas sin que estas hayan participado en la negociación y que crea incertidumbres sobre el impacto que tendrá en la propia capacidad recaudadora y, por tanto, redistributiva de la Agencia Tributaria lo que puede afectar negativamente las comunidades menos desarrolladas como es el caso de Galicia.

Incertidumbres que surgen tanto del propio contenido del acuerdo firmado entre ERC, Comunes y PSC cómo de la poca seguridad que ofrece ERC con sus apoyos dada la recurrente inestabilidad interna en la que en los últimos tiempos se mueve esta organización. Un acuerdo que, pendiente de una confirmación definitiva, parece querer mudar el actual sistema de financiación autonómica por otro, aun por concretar, en el que Catalunya no estaría en el sistema común y común sino en un especial que tendría ciertos parecidos al copo del Pais Vasco.

Un cambio que, de materializarse, tendrá efectos financieros y fiscales sobre todas las comunidades autónomas sin que estas hayan participado en la negociación y que crea incertidumbres sobre el impacto que tendrá en la propia capacidad recaudadora y, por tanto, redistributiva de la Agencia Tributaria lo que puede afectar negativamente las comunidades menos desarrolladas como es el caso de Galicia. Por ejemplo, ¿como quedan los principios de igualdad y solidaridad entre todas las comunidades autónomas?. Así, y según los mayores expertos fiscales, este cambio tributario y fiscal le va a suponer al estado español una merma anual de unos 20.000 millones de euros en ingresos tributarios y unos 2.000 millones de euros en el SFA (Sistema común de Financiación Autonómica).

Incertidumbres que se extienden tanto la propia capacidad de Catalunya para la asunción plena de las nuevas competencias como a asuntos relevantes.  ¿Cómo se va a avanzar a la meta fijada?, ¿Cómo va a funcionar el sistema en la transición?, ¿Cómo afectará la eficacia de la AEAT en la gestión tributaria? ¿La lucha contra el fraude fiscal? ¿Qué va a pasar con el principio constitucional de solidaridad entre las CCAA y con las funciones esenciales de un estado democrático y de bienestar?

Escollos por los que con toda seguridad tanto las derechas españolas (PP/Vox), con el apoyo de sus aliados judiciales y mediáticos, como las catalenes(JxCat) conocidos sus precedentes, no le concederán lo mas mínimo respiro al nuevo gobierno catalán desde el mismo día de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Escollos que también hay que buscar en las inercias derivadas de las políticas autonómicas desarrolladas en todos estos años de democracia y que, en grande parte, explican el actual estado de cosas. Así en el casi medio siglo que llevamos de democracia prácticamente todos los gobiernos españoles pusieron en evidencia su incapacidad, o falta de voluntad, para encontrar fórmulas que satisfagan las ansias soberanistas (de autogobierno) de las  comunidades autónomas muy especialmente de las llamadas históricas (Cataluña, Galicia y  Pais Vasco). Formulas que superando los proyectos inmovilistas e independentistas deben tomar en consideración a evidencia de que las aspiraciones soberanistas (autogobierno y reconocimiento nacional) son diferentes en los distintos territorios autonómicos lo que explica y justifica la necesidad de soluciones singulares. 

En este marco el paso adelante dado por PSOE, Sumar, ERC y Comunes supone una indiscutible rectificación en relación a lo señalado pues se el gobierno español de turno (PSOE, Sumar) reconoce que no es por la vía penitenciaria y judicial como se va a resolver el “problema catalán”, por su parte ERC acepta que el procés no es una solución sino un problema, que no es la vía unilateral sino que son la negociación y el pacto el camino a seguir. Si las dos partes también aceptan que este camino a transitar ni será corto, pues llevará inevitablemente tiempo, ni como dije antes, estará carente de escollos. Requerirá sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica lo que exige  tanto una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas cómo alcanzarlos apoyos parlamentarios precisos.

Este acuerdo también supone varias evidencias. La primera el reconocimiento de que fue el PSC quien ganó las elecciones catalanas por lo que lo mas natural y que Salvador Illa sea el Presidente de la Generalitat ya que, además, es el único que puede alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar. La segunda que estas elecciones, por mucho que se empeñe el señor Puigdemont y sus compañeros de JxCat, vinieron a dar un carpetazo definitivo al procés , que pasa a ser historia. Tercera y última que una gran mayoría de la población catalana quiere superar el bloqueo político actual y que los partidos “hagan política” para que después de casi una década de confrontación y represión vuelvan los tiempos de la búsqueda de puntos de encuentro, los tiempos de converger.