La solución debería pasar por un acuerdo entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento español que después debe ser refrendada por los ciudadanos de Cataluña
Las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán el 12 de mayo, aparecen en el horizonte como una oportunidad para afrontar con tranquilidad, lo que no quita que no se produzcan conflictos puntuales que serían naturales en un asunto tan complejo como es la integración definitiva de Cataluña en el Estado español. De momento, la pelota está en el tejado de los ciudadanos catalanes que decidirán con su voto qué camino prefieren.
Recordemos que el actual desacuerdo empezó con el golpe constitucional (en palabras del profesor emérito Pérez Royo) que daría el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Miravet, que tras interminables desacuerdos entre partidos e instituciones, finalmente sería aprobado por el Parlamento de Cataluña y avalado por los ciudadanos catalanes. Pero como es bien sabido, tras su paso por el Parlamento español y el Tribunal Constitucional acabaría en un texto muy diferente y con competencias mucho más restringidas. Un tránsito que dejaría una herida profunda en los catalanes que vieron impuesto un estatuto que no habían aprobado.
Lo ocurrido con el Estatuto Miravet fue una expresión clara de cómo en España el problema de la descentralización política del Estado aún no está resuelto. No se resuelve por qué sigue vigente un intenso pensamiento centralista y unitario, que curiosamente parece ser más válido a medida que avanzamos en democracia. Una no resolución porque la voluntad de los poderes constituyentes siempre se impone a la decisión de las Cortes Generales que son las que dan legitimidad a un proceso de negociación política como es un Estatuto de Autonomía. Aquí están las consecuencias de que Tribunal Constitucional tirase un estatuto aprobado por el pueblo de Cataluña a través de su Parlamento, previo acuerdo de las Cortes Generales y referéndum. Un acto descabellado que supondría que el nuevo estatuto no haya sido reconocido por una gran mayoría del pueblo catalán.
Un marco que luego daría vida a los desatinos políticos del Procés y la DUI y a la no menos excesiva decisión del gobierno español de aplicar el artículo 155 a una Cataluña donde se había creado una polarización entre el sueño soberanista de independencia y la estrategia de las fuerzas de extrema derecha que permitieron que el Tribunal Constitucional marcara los límites del estatuto. Una polarización que no tiene fácil solución porque no parece que ninguna de las dos sea aceptada por los partidos.
La solución debería pasar por un acuerdo entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento español que después debe ser refrendada por los ciudadanos de Cataluña. ¿Será posible? Debería serlo porque parece la solución más fácil para la integración de Cataluña en el estado en cuestión. Sin embargo, dada la situación creada, quizá haya que empezar por el referéndum para saber qué quieren realmente los ciudadanos catalanes, que deberían tener la última palabra.
Escribe tu comentario