La seguridad laboral, una inversión “costosa” para algunas empresas

La inversión en seguridad laboral, sobre todo en pequeñas empresas, está lejos de cumplir con algunos de los puntos establecidos en la Ley de Seguridad Laboral. El hecho es que sigue habiendo incumplimientos en esta materia por falta de inversión y falta de presión por parte de los y las trabajadoras exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente. Y es que tanto la presión sindical como la inspección de trabajo son recursos muy recurridos para obligar a veces a la parte empresarial a aplicar todas las herramientas legales y físicas que impidan lesiones e incluso muertes en el lugar de trabajo.
 

NO ES “BUENA INVERSIÓN”

La reticencia de algunas empresas a invertir en seguridad laboral es debido a veces a entender este punto como una “inversión perdida”. No se considera una acción que traiga “retornos” a la empresa en forma de beneficios, al revés. A veces, esta postura llega a extremos como “descontar el precio de los EPIs de la nómina del trabajador” según Armando Iglesias de CCOO. Algo ilegal según el artículo 17 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: “donde dice claramente que el empresario tiene obligación de entregar EPIs de forma gratuita”.
 

Por otra parte, hay sectores industriales donde la inversión sí es cara como en la actividad extractiva. “Un sistema de aspiración de sílice es caro pero es una inversión en la empresa, en sus trabajadores” señala Iglesias. Porque la adaptación del puesto de trabajo para que no suponga un riesgo al trabajador o trabajadora evitaría “costes muy altos en siniestralidad, por eso debemos concienciar y aplicar la ley donde es necesario” asegura José Luis Fernández Celis de UGT. 

Sin embargo, los tiempos y los modelos de trabajo cambian: “debemos adaptar las normas a la nueva realidad laboral con la digitalización, el cambio climático y la entrada cada vez más amplia de la mujer en el campo laboral” describe Celis. 

CAMBIO DE MENTALIDAD 

“Está claro que donde hay representación sindical hay una buena política de seguridad en el trabajo, por otro lado, allí donde no es posible dicha representación se hace necesaria la figura de un delegado en seguridad laboral” apunta Celis. Las empresas con menos de seis trabajadores no hay representación sindical.

Es por ello que desde la parte sindical se entiende muchas veces no una falta de seguridad en el trabajo sino una falta de concienciación en todos los niveles. “Es el empresario el que debe sancionar a quien no use los EPIs adecuados” dice Iglesias, pero a veces estamos ante una situación donde empresario y trabajador realizan las mismas tareas compartiendo el lugar de trabajo, y aún así no se respeta la legislación en cuanto a prevención de riesgos laborales. 
 

“Es difícil que desde una empresa se reconozca un accidente laboral como tal, a veces se recurre a informes de la Seguridad Social para finalmente acabar en el juzgado” describe Iglesias. Tampoco lo tiene fácil a veces quien busque el reconocimiento de una enfermedad laboral. “La baja por enfermedad laboral sale económicamente más cara que por enfermedad común”.
 

Fernández Celis insiste en la necesidad de cambiar mentalidades y para ello ve imprescindible el incremento de inspectores e inspectoras de trabajo. Personal necesario para el cumplimiento de la legalidad. “También debemos formar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en seguridad laboral para que se aplique en las empresas”. Todo ello, cambios legislativos, concienciación, formación y adaptación supondría un “plan de choque” necesario si se busca la reducción de siniestralidad laboral.