Un total de 71 buques gallegos podrán beneficiarse del parón voluntario para el jurel con compensación económica
Estas paradas tendrán un periodo mínimo de un mes y un máximo de tres meses, según la resolución
La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha firmado este virnes la resolución que establecerá un periodo de paro voluntario en la pesquería del jurel para la flota de cerco y para determinados buques de artes menores dependientes de esta especia, con una compensación económica.
El departamento liderado por Luis Planas ha precisado que la resolución, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, establece que estas paradas tendrán un periodo mínimo de un mes y un máximo de tres meses.
La limitación voluntaria de la actividad se podrá compensar, según indica la resolución, con una ayuda económica por paralización temporal en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y de su normativa de desarrollo en España, que percibirán tanto las empresas armadoras de los buques como los tripulantes.
Agricultura ha señalado que a través de esta medida, el Gobierno cumpleo con su compromiso de apoyo a la flota pesquera afectada por el cierre de la pesquería del jurel, debido a su delicada situación.
La Unión Europea y el Reino Unido acordaron el pasado diciembre una reducción del 78% en la cuota del jurel para 2023 en el Atlántico Noroeste, que únicamente podrá capturarse como pesca accesoria, dada la delicada situación de la especia. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES) recomendó un Total Admisible de Capturas cero para este año.
Entre las condiciones específicas que se exigirán a los buques, se estipula que deben tener una dependencia de las caputas de jurel, respecto del total de capturas comercializadas, igual o superior al 18% en los últimos tres años, conforme a los datos que obren en la Secretaría General de Pesca.
Así, podrán beneficiarse 86 buques, distribuidos entre las distintas comunidades autónomas de la siguiente forma: 71 en Galicia, ocho en Cantabria, cuatro en el País Vasco y tres en el Principado de Asturias.
La gestión y pago de las ayudas serán realizadas desde las comunidades autónomas, que deberán realizar las correspondientes convocatorias, previa territorialización de los fondos correspondientes, que se acordará en la Conferencia Sectorial de Pesca.
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