Un juzgado de A Coruña pide al Estado que concrete qué bienes de Meirás reclama en su demanda contra los Franco

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha emitido una providencia en la que requiere al Estado que en el plazo de diez días indique al órgano judicial "de forma detallada y separada" cuáles son los vienes del inventario realizado en 2020 que son objeto de la demanda que presentó la administración por la propiedad de 564 bienes del pazo de Meirás ante el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid.

Así lo ha informado el Tribunal Superiro de Xustiza de Galicia tras la demanda interpuesta contra los Franco en Madrid, la cual incluye una petición de medida cautelar para que se acuerde la permanencia de los bienes del inmueble, en depósito del Estado, hasta que el juzgado resuelva sobre su propiedad. El juez solicita, además, que especifique que bienes no han sido objeto de demanda, ya que "no quedarían afectados" por el pronunciamiento del juzgado de Madrid.
 

SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA

El juez ha decretado en la resolución la suspensión, hasta que se resuelva la petición efectuada por el Estado,  del plazo concedido a las partes el pasado 26 de septiembre para que indicasen "el tiempo que previsiblemente a las personas que intervendrán y medios que van a ser empleados para la realización de la entrega de los bienes con seguridad". Contra la providencia cabe presentar recurso de reposición, en el plazo de cinco días.

En ese decreto del pasado mes de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña decretó que la entrega de los bienes del pazo de Meirás que pertenezcan a la familia Franco deberá hacerse en presencia de una comisión judicial, así como de las partes personadas en el procedimiento, tomando como base el inventario elaborado hace dos años.

La familia Franco, tal y como estableció el juzgado en un auto del pasado mes de julio, no podrá retirar todos aquellos bienes que en ese momento reclamaron el Estado, la Xunta y los Ayuntamientos de Sada y de A Coruña.

La letrada de la Administración de Justicia indicó, además, en el decreto que para el traslado de los bienes de interés cultural será necesario contar con la autorización de la Xunta.