Asturias se fija en Galicia para el debate sobre normalización lingüística del asturiano

Movilización por la oficialidad del asturiano.

El jurista Nicolás Bartolomé ha afirmado que el desarrollo de la oficialidad del gallego es una referencia "interesante" para Asturias, porque muestra que este marco legal puede desarrollase "sin necesidad de que los castellanohablantes vean atacados sus derechos".

Bartolomé ha recordado el PP se encargó de diseñar la oficialidad del gallego y establecer mecanismos para ponerla en marcha, en contraposición a la postura actual de los populares asturianos.

El jurista leonés y experto en legislación lingüística ha afirmado, eso sí, que "cada comunidad autónoma tiene un modelo propio dependiendo de sus características sociales y culturales y eso es lo que tiene que hacer Asturias, buscar cuál es su camino", ha señalado.

DERECHO Y OBLIGACIÓN

Así, el experto en legislación lingüística ha afirmado que la oficialidad supone establecer que la Administración reconoce un idioma como lengua de comunicación con la ciudadanía. "Es decir, los ciudadanos pueden dirigirse a la Administración en esta lengua y la Administración tiene la obligación de responder en ella", ha indicado el jurista.

Para Bartolomé, la oficialidad sí que tiene vinculadas una serie de obligaciones, "pero para la Administración, no para los ciudadanos". Así, ha explicado que las obligaciones son un tratamiento en la enseñanza "que permita un conocimiento de ese idioma en condiciones de igualdad" y un tratamiento "propicio" en los medios de comunicación, "es decir, con más consistencia de lo que ahora hay". Además, ha señalado que también es necesario una labor de promoción de esa lengua "que permita equilibrar la presencia de la misma".

Así, ha explicado que en el caso de haber oficialidad "los castellanohablantes seguirán teniendo los mismos derechos, "pero otra parte de la sociedad también los va a tener reconocidos, porque la oficialidad no va contra nadie".