Acusan a Orange de "prácticas abusivas" contra los clientes que se dan de baja

Orange teme el "descrédito comercial" a raíz de la demanda.

La Fiscalía de A Coruña ha acusado a Orange de "prácticas abusivas" en la facturación a clientes que se dan de baja y solicita al Juzgado de lo Mercantil de A Coruña que prohíba a la operadora que emita facturas por consumos mensuales cuando el servicio prestado ya haya finalizado antes.

El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de A Coruña ha acogido este lunes la vista de medidas cautelares en relación a la demanda colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra la entidad Orange Espagne S.A. por prácticas abusivas en la facturación a clientes que se dan de baja en dicha operadora.

Según consta en la demanda, la empresa de telefonía "emite reiteradamente facturas contra los consumidores y usuarios en las que les reclama la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado (generalmente mensual) a pesar de que el servicio prestado a los clientes haya finalizado antes de que se complete ese periodo".

A juicio de la Fiscalía, esto supone que la empresa requiere a los consumidores que abonen un servicio que no ha prestado, "en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato".

"NO COBRAMOS DE MÁS"

En la vista de medidas cautelares, el letrado de Orange ha sostenido que el método de facturación (sistema prorrateado) que pretende que se aplique la Fiscalía "no es justo" puesto que "pretende que los precios deben ser imputados a cada servicio y que su consumo sea lineal", algo que resulta "inasumible" para la operadora telefónica, según comenta su abogado.

"No existe un sistema legalmente aprobado para la facturación en estos servicios", ha alegado el abogado de la parte demandada, que defiende el sistema utilizado por la operadora, que "no cobra de más" a sus clientes.

Asimismo, el letrado de la operadora sostiene que las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía supondrán un "descrédito comercial incalculable" y "una condena anticipada" para la compañía, que se vería obligada a cambiar "de un día para otro" el sistema y "publicar la resolución judicial en un periódico de tirada nacional".