​Barberá reconoce haber donado mil euros al PP

La exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá ha negado este lunes ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años. Se ha limitado a reconocer que entregó 1.000 euros al partido en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros.

Sobre el resto de cuestiones que se le han planteado ha reiterado una y otra vez que ella no sabía nada y ha remitido cualquier decisión al Comité de Campaña creado para las elecciones municipales del 2015 en Valencia.

Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración de Barberá, en calidad de investigada -figura que sustituye a la anterior de imputada-, ante el que fuera fiscal general en la etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Se le atribuye indiciariamente un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso 'Imelsa'. Sobre este sistema presuntamente empleado por su grupo municipal, ha negado conocerlo puesto que no formaba parte del Comité de campaña.

Barberá ha llegado al Tribunal Supremo acompañada de su abogado José Antonio Choclán y otras dos personas media hora antes de su citación, a las 10.30 horas, si bien el interrogatorio se ha retrasado unos veinte minutos sobre el horario previsto.

Según fuentes jurídicas, la exalcaldesa se ha limitado a contestar a las preguntas que le ha realizado el fiscal Juan Ignacio Campos -que es uno de los fiscales jefe en el alto tribunal-, y a su defensa, y ha rechazado responder a las cuestiones planteadas por la abogada de la acusación popular ejercida por el PSOE, Gloria Pascual.

INSULTOS A SU SALIDA DEL SUPREMO

Tras algo más de una hora de declaración, Barberá ha salido del alto tribunal hacia un taxi que la estaba esperando, donde ha entrado junto con sus acompañantes eludiendo las preguntas de la prensa. Un puñado de personas la esperaba y la ha insultado a gritos de "borracha", "corrupta", "vas a pagar aunque te escondas en el Senado", "no te escondas que lo vas a pagar todo".

El pasado 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió la investigación a la senadora popular siguiendo el criterio del Ministerio Público y designó como instructor del caso a Conde-Pumpido.

En esta pieza separada del "caso Imelsa", con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La pieza de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada de la exmandataria popular.

La parte de la causa relativa a la exalcaldesa llegó al Supremo mediante exposición razonada del juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, al entender éste que había motivos para proceder a la apertura de investigación para determinar si los hechos atribuidos a Barberá son delictivos.

En su escrito, el magistrado implicaba a la senadora 'popular' por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.

Además, apuntaba que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado Víctor Gómez ofreció a Barberá la opción de declarar sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce, al igual que ha hecho este lunes, la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran.

Sus explicaciones, no obstante, fueron consideradas "insuficientes" por el juez y no le sirvieron para excluir su posible implicación en los hechos investigados.