Rajoy esconde a los asesores del Gobierno elegidos a dedo
El Ejecutivo se lleva negando, desde el 2013, a publicar el nombre, el puesto de trabajo y cuánto le cuestan a los españoles los asesores que contratan a dedo.
¿Quiénes son los asesores eventuales del Gobierno de Mariano Rajoy? ¿Cuánto cobran? Ambas son preguntas sin respuesta. ¿El motivo? El Ejecutivo se lleva negando, desde el 2013, a publicar el nombre, su puesto de trabajo y cuánto le cuestan a los españoles.
En 2012 y 2013, el Ejecutivo, en virtud de la Ley de Transparencia, sí publicó la información de los contratados a dedo para asesorar las diferentes carteras del Gobierno. Ahora bien, las protestas de varios de ellos, que alegaron motivos de privacidad o que podría afectar a su futuro, provocó que se cambiara el criterio a seguir y desde dicha fecha no se ha vuelto a hacer pública ninguna cifra relacionada con este asunto.
En 2013, los gabinetes ministeriales y el Presidente contaron con 151 asesores eventuales -no funcionarios- con sueldos brutos anuales que casi alcanzabanl os 60.000 euros de media. En total, costaron 8,3 millones de euros al erario público. Estas cifras sí se conocen gracias a que se publicaron, juntamente con las del 2012, en el Portal de Transparencia. Así, se pudo observar que en plena crisis económica, las retribuciones de estos trabajadores aumentaron un 18% en un año.
AHORA, UN LISTADO DESACTUALIZADO
Pero, ¿qué ha pasado estos dos últimos años? La respuesta es una incógnita ya que el Gobierno ha decidido no publicar el número de asesores y sus sueldos ni durante el 2014 ni el 2015.
A las peticiones de información amparadas en la Ley de Transparencia remitiendo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración, el Ministerio de la Presidencia contesta con un listado desactualizado, sin nombres, sin retribuciones anuales y sin hacer ningún tipo de distinción sobre si el puesto está ocupado por un funcionario o un asesor elegido a dedo.
Presidencia se excusa, según ha podido saber El País, con varios argumentos. El primero, que aplica de forma estricta la norma, de modo que si la información esta desagregada no tiene por qué elaborarla a petición de un ciudadano. El segundo, que el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) avala su decisión por que proporcionar la información supondría "una vulneración de las normas de protección de datos personales".
Pero este último argumento no es del todo correcto ni veraz. El único criterio de la AEPD se hizo con el Consejo de Transparencia y se recogió en un informe. En él, se recoge que si un particular pide información sobre las retribuciones de trabajadores públicos, es posible facilitarla si se trata de personal eventual ya que prima "como regla general el interés público sobre la protección de datos y la intimidad".
OTRAS ADMINISTRACIONES SÍ LO PUBLICAN
Esta decisión del Gobierno contrasta con la apertura a la transparencia de otras administraciones importantes como la Comunidad de Madrid, también dirigida por el Partido Popular o Catalunya.
Ambas mantienen un listado actualizado de sus altos cargos y asesores.
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