Sánchez e Iglesias ofrecen más transferencias a Cataluña, ¿las habrá también para Galicia?

La palabra "Galicia" no aparece ni una sola vez en el documento de la coalición. La palabra "Cataluña", una, para prometer transferencias como el Salvamento Martítimo y otras. Salvamento Marítimo que, por cierto, lleva reclamando el BNG, cuyo voto es necesario para sacar adelante la investidura. Está por ver si Galicia puede aprovechar esta nueva oportunidad para profundizar en su alto gobierno o si Feijóo prefiere adoptar una actitud centralista.

PSOE y Unidas Podemos han acordado derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas. 

El acuerdo para un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos abre la puerta a la creación de "nuevos mecanismos intergubernamentales" en los que las Comunidades Autónomas puedan "intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal".

Así figura en el documento de 50 páginas que han rubricado pasadas las 17.00 horas de este lunes los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en un acto en el Congreso de los Diputados.

Se abre así la posibilidad de poner en marcha un mecanismo diferente al ya previsto en los Estatutos de Autonomía sobre el diálogo entre el Gobierno central y el de una comunidad autónoma, que se traducía hasta la fecha en una Comisión bilateral presidida normalmente por los vicepresidentes de cada Ejecutivo.

PSOE y Unidas Podemos apuestan por profundizar en órganos de colaboración ya existentes entre el Gobierno central y las CCAA como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales o los convenios de colaboración de las CCAA con el Estado, si bien se precisa que esto no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales -ya sea entre el Gobierno central y una CCAA o entre Comunidades Autónomas- para "dirimir un asunto de interés específico para una o varias CCAA".

"En todo caso, esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución", precisa el documento, difundido minutos antes de su firma a los medios de comunicación.

El acuerdo entre el PSOE y Podemos tan sólo hace referencia al conflicto con el independentismo en Catalunya para afirmar que el Gobierno de coalición abordará "el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual".

ERC, de cuya necesaria abstención depende que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, exige la creación de una mesa de diálogo bilateral ad hoc entre el Estado y Catalunya para abordar el actual "conflicto político".

CATALUNYA

PSOE y Podemos se comprometen asimismo a dar cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y a traspasar a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Catalunya como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional.

El Helimer de Salvamento Marítimo, con base en Fisterra pero gestionado por el Estado

Los dos partidos también apuestan por mejorar y clarificar la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas con el objetivo de llevar a cabo un reparto más claro y preciso que delimite qué competencias pertenecen a cada entidad y reduzca al máximo las competencias compartidas en aras de reducir la ambigüedad actual, que a menudo desemboca en litigios en los tribunales.

"En este sentido, resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respeto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general", expone el documento.

Para asesorar al Gobierno a este respecto, el documento avanza la creación de un comité de expertos en esta cuestión.

TRASLADO DE SEDES INSTITUCIONALES

Otra de las novedades que incorpora el acuerdo entre el PSOE y Podemos para un Gobierno de coalición tiene que ver con la voluntad del futuro Ejecutivo para trasladar total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos estatales a distintas ciudades, como una medida encaminada a hacer frente al reto demográfico. "Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados", señala el texto.

El futuro Gobierno de coalición se compromete a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que "resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual", si bien en este punto el texto evita fijarse un horizonte temporal concreto.

REFORMA LABORAL

Ambas formaciones se comprometen a recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter "urgente" aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.

Como ya anunció el propio Gobierno, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

El documento recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.

Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.

SMI Y PENSIONES

Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.

De esta forma, se convocará la mesa del diálogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.

Sobre las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.

La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.

AUTÓNOMOS

Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

También se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo "atractivo" para autónomos y pequeñas empresas, y se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo.

SUBIDA DE IMPUESTOS A RENTAS ALTAS

Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.

Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.

En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".