Rechazado el nuevo recurso de la jueza Pilar de Lara que agota la vía administrativa

La nueva resolución provoca que la jueza tenga que recurrir al Supremo si quiere mantener su plaza en Lugo y así el control sobre varios importantes sumarios

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha notificado el recurso en el que acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por el letrado de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de 27 de marzo de 2019 que la sanciona con siete meses y un día sin empleo y sueldo, lo que conlleva pérdida de destino.

PÉRDIDA DE SU PLAZA

Dicho acuerdo, según se señala en la resolución de 104 folios, a la que tuvo acceso Europa Press, fue dictado en el seno del expediente disciplinario por el que se le impone una sanción de suspensión de funciones por tiempo de siete meses y un día, por la "comisión de una falta muy grave" prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La duración del castigo implica que perderá su plaz en el juzgado de Lugo y, por lo tanto, la instrucción de causas tan importantes como la operación Pokemon.

Para el CGPJ "la persistencia de la conducta infractora durante más de tres años, la magnitud del descontrol y la falta de supervisión", así como "el número de asuntos afectados, la injustificada paralización de las actuaciones durante años (todo lo cual pone de manifiesto la intencionalidad), su negativa repercusión en derechos fundamentales ajenos, la perturbación ocasionada en el funcionamiento de la Administración de Justicia y en su imagen, así como su trascendencia y su repercusión social".

"FALTA DE COMPETENCIA"

Asimismo, suma el CGPJ la "necesidad de poner remedio mediante la adopción de medidas de refuerzo (lo que de por sí implica un perjuicio) y la falta de competencia demostrada para la gestión de la instrucción".

Todo ello, lo considera "factores que agravan la culpabilidad, contribuyen a apreciar ese superior nivel de reprochabilidad que caracteriza a la falta muy grave y justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta con su medida accesoria, de ineludible aplicación".

En la resolución notificada, el CGPJ alude a la "conducta reprochable" porque "desde mediados de 2015 se aprecian en cada una de las causas que tramitaba disfunciones" como "paralizaciones o largos periodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción y ausencia de dictado de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables", entre otras.

SIN MÉTODO

Justifica, además, que "no se sanciona un especial método de llevar la instrucción, sino precisamente la ausencia de método alguno en atención a los fines que persigue la instrucción, por la dejación de funciones inherentes al cargo de juez instructor".

Entre otras cuestiones, reprochan a De Lara que "incumpliera el deber impuesto" de emitir informes mensuales, "lo que solo hizo desde abril de 2017, tras ser advertida". El periodo de la "conductora infractora sancionada" lo enmarca el CGPJ desde el 23 de junio de 2015 hasta la incoación del expediente disciplinario el 31 de octubre de 2018.

"Prácticamente tres años durante los cuales apenas avanzó la tramitación y resolución de las causas complejas, aunque algunas diligencias fueran archivadas", expone el órgano judicial para justificar que "se sanciona una actuación global de descuido, dejación o desidia -desatención- en la labor jurisdiccional propia del juez instructor durante un prolongado periodo de tiempo en la instrucción de las causas cuyo conocimiento asumió la magistrada".

Entre otros aspectos para apoyar que "hay desatención a efectos disciplinarios", se alega en al resolución que la magistrada, que lleva en los juzgados de Lugo desde el 1 de abril de 2007, ha contado con un juez de refuerzo que tomó posesión el 23 de junio de 1015 y cesó el 3 de mayo de 2017.

GRAN CARGA DE TRABAJO

Tras su incorporación del juez de refuerzo, la magistrada, sin "antecedentes disciplinarios", según consta en la resolución, pasó a asumir 65 causas complejas que han sido objeto del expediente de seguimiento, relativas a las "macrocausas" de la 'Carioca', 'Pokémon' --integrada a 21 de mayo de 2018 por 244 tomos y 35 investigados-- y 'Cóndor'.

Asimismo, puntualiza el CGPJ que la actuación de la magistrada ha tenido "afectación de derechos fundamentales de quieres fueron parte en los procedimientos que sufrieron las consecuencias de tal conducta".

RECURSO ANTE EL SUPREMO
Contra esta resolución, según se especifica, "que pone fin a la vía administrativa", puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el pleno de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, "sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente", añade.

El CGPJ examinó el pasado mes de septiembre el recurso a la sanción impuesta a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, que acarrea perdida de destino, por una falta grave debida a retrasos injustificados en la tramitación de asuntos.

La jueza declaró el pasado 21 de noviembre de 2018 ante el promotor de la acción disciplinaria contra ella abierta por el Consejo General del Poder Judicial por supuestos retrasos indebidos en la instrucción de las macrocausas que tiene abiertas y por decisiones que "han ocasionado un ficticio incremento del volumen de trabajo".

De Lara declaró durante tres horas en la sede del CGPJ en Madrid acompañada por su abogado, Agustín Azparren, quien explicó que la jueza había presentado "abundante documentación", así como respuesta por escrito a todas las objeciones planteadas por la acción disciplinaria y había respondido punto por punto al informe "muy exhaustivo" en el que se sustenta la investigación sobre su labor.

Precisamente, Pilar de Lara ha sido sancionada por dilaciones indebidas en distintos procesos y macrocausas que sigue la jueza como la conocida como 'Operación Carioca' sobre redes de prostitución, la 'Pokémon' --que comenzó a investigarse en 2012-- y 'O Garañón' --iniciada hace unos ocho años--, ambas sobre corrupción política.

CIERRA INSTRUCCIÓN O GARAÑÓN
Un día antes del pleno del CGPJ, la magistrada comunicó el auto que concluye la investigación por supuestas irregularidades en el desarrollo urbanístico de O Garañón, en Lugo, y ordena abrir procedimiento abreviado contra el exalcalde de la ciudad José López Orozco y contra el que era entonces concejal de Urbanismo, el expresidente de la Diputación de Lugo José Ramón Gómez Besteiro, entre otros implicados.

Al confirmarse la sanción, estos procesos pendientes pasarán previsiblemente al juez que ocupe la plaza de De Lara en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo. A pesar de ello, la defensa de la magistrada ha recordado que "hay la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución de la sanción" y que no se haga efectiva "hasta que resuelva el Tribunal Supremo", que supone una espera de dos meses.