División en el comité de Ferroatlántica en Cee-Dumbría sobre si la venta es legal y si presenta garantías

El presidente (independiente) dice que es la Xunta quien tiene que evaluarlo, CGT ve "muy positivo" el acuerdo y la CIG lo ve "ilegal"

El comité de empresa de Ferroatlántica en Cee-Dumbría ha recibido con discrepancias el anuncio de venta de las centrales hidroeléctricas y la planta de ferroaleaciones al fondo TPG Sixth Street Partners.

Al respecto, el presidente del comité, Santiago Paz, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que, durante la reunión celebrada este martes con la dirección de la empresa, los trabajadores comunicaron que el acuerdo era "insuficiente" y que corresponde a la Xunta evaluar si la operación "requiere garantías" para asegurar el cumplimiento de las condiciones de las concesiones.

El comité de empresa está conformado por cuatro integrantes de CGT y tres independientes, que constituyen la mayoría; mientras que la CIG cuenta con seis representantes.

En 2017, cuando Ferroatlántica intentó segregar las actividades de generación eléctrica y ferroaleaciones para vender las centrales, los delegados de UGT y CC.OO. en el comité presentaron su dimisión de ambos sindicatos y pasaron a formar parte de CGT cuatro de ellos, mientras que tres se quedaron como independientes.

Lo hicieron por su rechazo al acuerdo entre empresa y las centrales sindicales para ejecutar un plan industrial que implicaba dicha venta de las centrales hidroeléctricas del grupo.

DISCREPANCIAS
Este martes, tras conocerse la operación de venta, el portavoz de CGT Juan Villar ha calificado de "muy positivo" el compromiso adquirido por el comprador del centro, que "asume todas las condiciones y cláusulas que rigen las concesiones".

"Queda garantizada la viabilidad de las fábricas, de forma que desde el punto de vista legal creo que no hay nada que objetar", ha destacado este portavoz.

En declaraciones a Europa Press, además, Villar ha explicado que la empresa adquirió "compromisos que refuerzan la viabilidad y el futuro del centro", como el arranque de "todos los hornos en julio" y la retirada del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE).

El ERTE en Ferroatlántica, que afecta a Cee-Dumbría y también a Sabón, empezó a aplicarse a finales de febrero e, inicialmente, estaba previsto hasta el 28 de febrero de 2021.

El contrato entre el grupo inversor y Ferroatlántica, que este portavoz señala que después deberá "formalizar" la Xunta, también incluye un plan de inversiones de 14 millones de euros a cinco años, "prioridad" en el arranque de los hornos respecto al de los otros centros de Ferroglobe, garantía de suministro de materias primas "en las mismas condiciones que los otros centros" y también de compra del producto final "en igualdad de condiciones".

De acuerdo con su información, en el encuentro la dirección les ha transmitido "que se vende todo junto y que la empresa que ha comprado asume todas las condiciones y cláusulas que rigen actualmente las concesiones".

En este sentido, Villar ha advertido de que, frente a esta operación, el eventual futuro al que se enfrentaba la plantilla era el de cierre de más hornos, "lo que conllevaría parar todo" y despidos. De ahí que celebre la venta como un hecho "muy positivo".

Al término de la cita, el comité emplazó a la empresa a que presente la documentación en la Xunta, de la que, por su parte, Villar espera una citación para poder entrevistarse de nuevo con el conselleiro de Economía en los próximos días.

POSTURA DE LA CIG
Poco después ha sido la CIG la que, a través de un comunicado de prensa, ha asegurado que "el intento de venta" de Ferroatlántica es "ilegal" y que cree que dejaría a las fábricas como "subcontratas" de Ferroglobe.

La central nacionalista reclama a la Xunta, de hecho, "que intervenga para impedir esta operación fraudulenta". A su juicio, el "proyecto de venta constituye una operación encubierta de segregación y venta de las centrales hidroeléctricas".

Avisa de que los beneficios "quedarían dentro de FerroGlobe mientras que las fábricas pasarían a ser una especie de subcontrata, desvinculadas de la producción de energía y sin garantías de viabilidad y mantenimiento de los empleos".

"El acuerdo que nos presenta Ferroatlántica es la segunda parte de la operación que intentó llevar adelante en el año 2017 pero que no pudo concluir por no tener autorización de la Xunta", según denuncia Alfonso Mouzo, el portavoz de la CIG en el comité.

Desde su punto de vista, "en un intento de esquivar las cláusulas concesionales que vinculan ambas actividades, el Grupo Villar Mir anuncia que llegó a acuerdo con un fondo buitre norteamericano (con intereses en el negocio de la energía pero sin relación con el sector de las ferroaleaciones), para la venta conjunta de las fábricas y de las centrales".

La CIG califica la actuación de "fraudulenta" y afirma que la compra dejaría a las plantas en una situación "aún peor que la formulada hace dos años", ya que, pese a tener nueva propiedad, "dependerían en exclusiva de las decisiones de FerroGlobe al ser su único proveedor de materia prima y el único comprador de la producción".

"Es decir, las fábricas funcionarían como una subcontrata al servicio y según los criterios de FerroGlobe, pero fuera del grupo", alerta Mouzo.

Es más, entiende que la operación constituye "un intento de Ferroatlántica de anticiparse al resultado de una sentencia judicial pendiente de dictarse".

Y es que en julio de 2017, el Gobierno gallego denegó la solicitud que por entonces hacía Ferroatlántica para segregar las actividades industriales y energéticas y así poder vender las centrales hidroeléctricas que explota en la Costa da Morte, de los ríos Xallas y Grande. A día de hoy, el recurso interpuesto por la empresa ante esta negativa todavía está sin resolver.

"EN 2017 TAMBIÉN FORZÓ ACUERDOS"
Para la CIG, el hecho de que Ferroatlántica quiera llegar a un acuerdo con el comité que avale la venta "demuestra que se está ante una operación ilegal, porque si este fuera un negocio con todas las garantías legales no pedirían permiso a los trabajadores".

Mouzo acusa a la empresa de "reeditar el proceder de 2017, cuando también forzó acuerdos con los comités de los distintos centros de trabajo para presionar a la Xunta y que la Administración resolviera a favor de la segregación".

Por eso, reclama a la Xunta "que intervenga de inmediato, haga valer las cláusulas de las concesiones y evite que se consume esta ilegalidad" con la que el Grupo Villar Mir "quiere aprovecharse" de los recursos naturales gallegos "para tapar los agujeros generados en otros sectores".

OPERACIÓN
El Grupo Villar Mir ha anunciado la venta de FerroAtlántica al fondo TPG Sixth Street Partners por 170 millones de euros, según informó Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el grupo en el que se incluye este negocio.

La operación supone el traspaso de diez plantas hidroeléctricas con una potencia de generación de 167 megavatios (MW) y de la fábrica de ferroaleaciones Cee-Dumbría, activos todo ellos ubicados en Galicia.

La venta se enmarca en la política de desinversiones que la corporación empresarial de Juan Miguel Villar Mir está llevando a cabo para recortar su deuda, incluida la de 119 millones que tiene con su constructora participada OHL.