La imputación de Tahoces, la ley de costas y la valedora, temas centrales de una sesión plenaria con ecos del 28A

El Parlamento de Galicia retomará la actividad plenaria el día después de unas generales que, previsiblemente, marcará el debate

El Parlamento de Galicia retomará el próximo lunes la actividad plenaria con una sesión que arrancará menos de 24 horas después de conocerse el escrutinio de las elecciones generales de este domingo 28 de abril; un resultado que, de manera previsible, tendrá eco en el debate que mantendrán las diferentes fuerzas políticas con presencia en el Pazo do Hórreo.

La junta de portavoces celebrada este lunes ha fijado el orden del día de la sesión ordinaria que acogerá la Cámara gallega una vez concluya el pleno específico en el que los grupos debatirán y votarán la petición de cese de la valedora do Pobo, Milagros Otero, formulada por los grupos de la oposición, que necesitan de los votos de los populares para forzar la salida de Otero de la institución, ya que es preciso una mayoría cualificada del hemiciclo --tres quintas partes--.

Los portavoces de los grupos han dado cuenta en la mañana de este martes de los puntos que conforman el orden del día de la sesión ordinaria, en la que se abordarán temas como la imputación del responsable de Enerxía y Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces; que está siendo investigado por un supuesto delito de prevaricación ambiental en la reapertura de la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña).

La imputación de Tahoces será una de las cuestiones que formularán (BNG y En Marea tienen previsto hacerlo) los grupos de la oposición en la ronda de preguntas al Gobierno, donde los responsables de la Xunta también deberán responder a cuestiones como la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra (BNG), la política forestal (En Marea) o la construcción del centro de salud de Lalín pendiente de ejecutarse desde hace más de una década (PSOE).

SESIÓN DE CONTROL
La "manipulación informativa y control político" que denuncian los trabajadores de la CRTVG desde hace más de un año con sus movilizaciones de los llamados 'viernes negros' será el asunto sobre el que la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, cuestionará en la sesión de control al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El mandatario autonómico también tendrá que responder a una pregunta del Grupo Socialista sobre la "inexistente política de vivienda" del Gobierno gallego durante la última década, según ha indicado el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga.

El Grupo de En Marea quiere hacer de la sesión plenaria de la próxima semana una radiografía de la "corrupción institucionalizada" del Partido Popular, ejemplificada, en palabras del viceportavoz rupturista, Antón Sánchez, en casos como el del director xeral de Minas, la valedora do Pobo y el del expresidente del sindicato agrario vinculado al PP Xóvenes Agricultores, Juan Pérez Miramontes; detenido a comienzos de abril en una operación contra la trata de blancas.

LEY DE COSTAS Y NAVANTIA
Por su parte, el Grupo Popular llevará a la sesión dos proposiciones no de ley vinculadas, según el viceportavoz popular Miguel Tellado, a "la defensa de los sectores productivos de Galicia". La primera de ellas pretende posicionar a la Cámara contra la reforma que propone el PSOE desde el Gobierno central del reglamento general de costas, que "pone en riesgo a un centenar de industrias del mar" en la Comunidad gallega.

Asimismo, los populares también presentan otra proposición que pretende instar al Ejecutivo central a comprometerse con la renovación de las instalaciones de Navantia en la ría de Ferrol para convertirlo en "un astillero 4.0", algo que "desapareció" de la orden de construcción de las fragatas F-110 firmada hace unas semanas por el Ministerio de Defensa. SITUACIÓN UNITONO

Otro de los asuntos que se cuelan en el orden del día de la sesión plenaria en la situación de Unitono, empresa dedicada a la atención al cliente con sede en el polígono de San Cibrao das Viñas (Ourense) y que podría abandonar la localidad ourensana.

Tanto PSOE como BNG presentan iniciativas relacionadas con este centro, que depende de manera "casi exclusiva" de Naturgy y que, además de la pérdida de "un centenar de puestos de trabajo", su salida de Galicia supondría que los gallegos "perdería el derecho a poder ser atendidos en lengua gallega".