Se aleja una de las dos tablas de salvación para el Centro Gallego de Buenos Aires

De las dos ofertas que había por el Centro Gallego de Buenos Aires, al menos una parece esfumarse. Es la del grupo Ribera Salud, que no se concreta, según informaron a Galiciapress fuentes conecedoras de las negociaciones.

Raúl y Alejandro Olmos, del grupo Basa Salud

Muy malas noticias para los socios de esta histórica institución, pues Ribera Salud era el único que, en principio, consideraba la opción de comprar el hospital. El consiguiente ingreso de dinero serviría para pagar las enormes deudas con los trabajadores y salvar el importantísimo legado cultural. Ribera Salud es una empresa con intereses en Argentina y España, pero con capital controlado por el fondo de EE.UU. Centene.

La otra propuesta es, en principio, menos atractiva. Basa Salud solo ofrece llevar la gerencia del vetusto hospital, sobre el cual existen muchísimas dudas de su viabilidad sin una millonaria inversión. Basa Salud está dirigida por los empresarios argentinos Raúl y Alejandro Olmos, con intereses en el sector sanitario y en medios de comunicación.

Así las cosas, y tras una "decepcionante" reunión esta semana, la situación sigue estancada. No hay fecha para una Asemblea, prevista inicialmente para principios de año y suspendida finalmente. 

Es la Asemblea quien, en su caso, tiene que autorizar la venta. No pueden hacerlo ni el polémico gerente, Martín Moyano, nombrado por el Gobierno argentino tras intervenir el Centro ; ni la directiva elegida por los socios, entre otros cosas porque no ha tomado posesión. 

El presidente Ramón Suárez O Muxo sigue negándose e asumir el cargo mientras las administraciones españolas y argentinas no garanticen una salida, que incluya el pago de los salarios adeudados a cientos de trabajadores y la prestación de servicios sanitarios de por vida a los 4.000 socios aproximadamente que resisten tras lustros de naufragio.

Por otra parte, Galiciapress ha confirmado con varias fuentes próximas al Centro Gallego que non hay procesos judiciales abiertos contra el gerente por malversación, como informaron algunos medios españoles.

De acuerdo a estas fuentes, es cierto que hace tiempo Moyano - fue denunciado en la Justicia por malversación por varios socios. Ahora bien, esas denuncias fueron desestimadas ya hace tiempo, aunque algunos lo consideran ejecutor de una estrategia de "vaciamento" del Hospital para rematar con el Centro y facilitar una operación inmobiliaria . El gerente contraatacó con denuncias por difamación contra los acusadores. Es esta parte del conflicto judicial la que está pendiente de resolución. 

Pese a que el cargo nombrado por Argentina no está bajo investigación judicial, el Gobierno de España enarbora los pleitos como excusa para seguir lavándose las manos, pues "evidentemente no tiene margen alguno de intervención en esto".

Son palabras de una respuesta parlamentaria al diputado en el Congreso Miguel Anxo Martín Vello. En su contestación al político de En Marea (ANOVA), el Estado no se mueve un ápice de su postura: hay interés por preservar el patrimonio cultural y contactos con la administación argentina para este fin pero no se va mover un dedo para sacar al Centro Gallego de su ruina económica y rescatar el hospital, pues la diáspora ya está cubierta a través de los seguros que ofrece la Fundación Ospaña. 

Postura inmovilista que, por cierto, pese a las distancias ideológicas y al clima de enfrentamiento vigente entre San Caetano y Moncloa, es muy similar a la que mantiene la Xunta.

 Fuentes de la dirección electa arremeten contra la Administración estatal por proteger a la cúpula de Ospaña y no atender su petición, reintegrar al Centro Gallego su representación en los órganos de dirección de la Fundación.

Y es que en Ospaña están parte de los 120.000 socios que en su día llegó a tener el Centro. Como tiene músculo financiero y apoyo político, la reintegración de la directiva del Centro en los órganos de gobierno de España sería una de las patas para reflotar un barco que se hunde cada vez. Pero para eso se necesita un esfuerzo político que, por lo oído de Xunta y Estado, no hay interés en acometer.