Cofradías y colectivos ecologistas piden a la Xunta informes sobre el estado de la mina de Touro desde su cierre en 1986

Reclaman que el Gobierno gallego informe sobre el estado actual de la mina antes de una hipotética nueva apertura

Un colectivo del que forman parte las cofradías de pescadores de la ría de Arousa, asociaciones de mejilloneros, sindicatos y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) ha solicitado a la Consellería de Economía que les facilite toda los informes y expedientes relacionados con la evolución del estado de la mina de Touro desde que cocluyó su explotación en 1986.

Además, también han reclamado que se les faciliten las actas de las inspecciones realizadas desde entonces por las autoridades competentes relativas a "vigilar y controlar los daños ambientales derivados de la actividad minera".

Los demandantes, que han ofrecido este viernes una conferencia de prensa en A Illa (Pontevedra), consideran que la Xunta, y en concreto la Consellería de Economía a través de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas que es la entidad competente, ha cometido dejadez de funciones en lo que respecta al control y la vigilancia de la situación de la mina desde que finalizó su explotación.

Estos colectivos también reclaman tener acceso a los términos en los que fue concedida la autorización administrativa para realizar la explotación minera de cobre en Touro --llevada a cabo entre los años 1973 y 1986-- y las condiciones explícitas ambientales y de restauración a realizar por la mercantil al finalizar la explotación.

Asimismo, solicitan el acta de la inspección final realizada 'in situ', así como la de la evaluación de los informes presentados por la entidad explotadora, la de certificación de que el terreno afectado fue rehabilitado y la de comunicación de la aprobación del cierre.

MEDIDAS POSTERIORES AL CIERRE
En lo relativo a la fase posterior al cierre de la explotación, los colectivos de profesionales del mar y las plataformas ecologistas piden información sobre si fue la Xunta quien, como autoridad competente, asumió las tareas de mantenimiento, seguimiento, control y medidas correctoras.

De no haber sido así, preguntan si fue la entidad explotadora la responsable de esas actuaciones. En este caso, solicitan que les detallen las medidas tomadas desde la Administración autonómica para su cumplimento.

CUESTIONAN LA ACTUACIÓN DE LA XUNTA
El colectivo demandante pone en cuestión que la Consellería de Economía, Emprego e Industria haya cumplido las directrices del marco europeo para las actuaciones relativas a la política del agua.

En esta línea, reclaman que el Gobierno gallego les facilite informes de evaluación sobre el potencial de generación de lixiviados de los residuos depositados tanto durante la fase de explotación como durante la etapa posterior al cierre de las instalaciones y determinando el balance hidrológico de la instalación.

También en aras al control del cumplimiento de la directiva europea de aguas, los colectivos piden los documentos que acrediten las medidas tomadas para la prevención y reducción al mínimo de los lixiviados y la contaminación de las aguas superficiales o soterradas y del suelo, así como las actuaciones para recoger y tratar las aguas contaminadas y los lixiviados de las instalaciones de suerte que cumplan la norma para su vertido.

ÚNICO MODO DE CONTROL
Según ha explicado el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, Xaquín Rubido, la solicitud de toda esta información y de acceso a estos expedientes "es la única forma de comprobar si quien tenía la obligación de inspeccionar, vigilar y controlar el estado de la mina de Touro lo hizo, y en el caso de que lo haya hecho, si lo hizo bien o lo hizo mal".

Los colectivos demandantes recuerdan que la Dirección Xeral de Enerxía e Minas es la autoridad competente a la que corresponde tomar las medidas precisas para prohibir el abandono, vertido o depósito incontrolado de residuos de extracción, al tiempo que debía también garantizar que la empresa explotadora tomase todas las medidas necesarias para prevenir o reducir cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y la salud de las personas derivado de la gestión de los residuos de extracción.

Estas medidas, añaden, incluirían la gestión de todas las instalaciones de residuos, también con posterioridad a su cierre, la prevención de accidentes que pudiera acontecer en las instalaciones y la limitación de sus consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.

ESTADO DE ABANDONO
Xaquín Rubido incide en que, a la espera de lo que pueda revelar esa información, "desde fuera lo que se ve es abandono y contaminación, como en el caso de los desbordamientos de balsas que se están produciendo estos días".

La intención de los demandantes, explica el presidente de la PDRA, es "poner el foco en el lamentable estado actual de la mina, previo a cualquier nuevo permiso de explotación".