Entre agentes de policía y guardias civiles dedicados a estas tareas suman 196 y el Estado no paga a ningún escolta privado.
El cargo público mejor pagado es el de la presidenta del Congreso, que supera los 190.000 euros al año. González, Aznar y Zapatero mantienen una asignación anual de unos 75.000 euros.
Sin entender las leyes no puede haber respeto a la ciudadanía y representa un insulto a la integridad pública, porque se destruyen los valores y principios del sistema democrático. Es la observancia a todas las normas (art. 9 de la CE), lo que legitima el funcionamiento del sistema y a los cargos públicos en el desempeño de sus funciones.
A pesar del pacto con Ciudadanos, sus nuevos Estatutos contemplan analizar caso por caso la "gravedad de los hechos" para decidir.
La sentencia argumenta que el órgano debe tener "potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones".