Vigo acoge el juicio por un caso de tráfico de gases refrigerantes prohibidos

Este lunes tendrá lugar en la sede viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra varios empresarios gallegos y portugueses acusados de traficar con un gas refrigerante prohibido, debido a la destrucción que este provoca en la capa de ozono.

Esta vista, que está previsto que dure cuatro días hasta el jueves, se da después de que en marzo de 2022 un juzgado de los penal de Vigo decidiese derivar este caso a la instancia provincial debido a que el delito que se juzga puede llevar aparejadas penas de prisión superiores a su competencia.

La Fiscalía pide penas de más de 2 años de prisión, así como multas que van desde los 54.000 a los 72.000 euros, para varios empresarios y sus sociedades, acusados de comercializar con gases refrigerantes prohibidos.

Uno de los acusados, según indica el escrito de acusación del Ministerio Público, es responsable de una empresa afincada en Vigo y que, al menos desde el año 2020, vendía gas clorofluorometano, conocido por su nombre comercial como gas R22, que se utiliza para la refrigeración industrial y de buques.

La normativa europea prohíbe la venta de este gas por tratase de un producto que destruye la capaza de ozono, aunque se contempla la excepción de que se pueda importar, reenvasar y exportar a otros países no comunitarios. También se permite, asimismo, vender en territorio de la Unión Europea si previamente se regenera.

La Fiscalía sostiene que esta empresa y su responsable vendieron el gas sin regenerar, a sabiendas de que estaba prohibido, a otras empresas, que también están acusadas en este procedimiento junto a sus responsables, y a buques.

El ministerio público los considera responsables de un delito de tráfico ilegal de sustancia destructora del ozono, y solicita para cada una de las cuatro personas acusadas en esta causa (dos de ellas con documento portugués) la pena de 2 años y 3 meses de cárcel, multa de 66.000 euros y 9 años de inhabilitación para comercializar con gases refrigerantes.

Para la empresa gallega que vendía el gas pide multa de 72.000 euros y la prohibición también de realizar operaciones de comercio de gases refrigerantes durante 2 años. Asimismo, para la otra empresa gallega que compraba el producto y lo distribuía pide una multa de 54.000 euros, la misma que para otra empresa portuguesa que adquirió el gas.