Jamones podridos se vendían a hosteleros de Santiago desde un almacén descubierto por la Guardia Civil (vídeo)

La intervención se enmarca en la Operación Mofo, que arrancó el pasado 11 de febrero tras recibir el SEPRONA información sobre un posible almacén irregular de alimentos destinados al sector hostelero. Durante la inspección, los agentes y técnicos de la Consellería de Sanidade constataron que el local funcionaba sin estar inscrito en el Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos, un requisito fundamental para la distribución de productos alimenticios en Galicia.

En la inspección se detectaron graves deficiencias higiénico-sanitarias: moho, óxido y suciedad cubrían paredes, suelos, estanterías y cámaras frigoríficas. Los agentes comprobaron que se almacenaban cientos de kilos de alimentos mezclando productos en buen estado con otros caducados o en avanzado estado de descomposición, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública.

En España, los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio de alimentos en mal estado y la manipulación de etiquetas están tipificados en el Código Penal, concretamente en los artículos 359 y siguientes. La sanción para quienes distribuyen o venden productos alimenticios que puedan poner en peligro la salud de los consumidores puede conllevar penas de prisión de entre uno y cuatro años, además de multas económicas y, en algunos casos, la inhabilitación especial para ejercer actividades relacionadas con la alimentación.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la localización de instrumental para manipular etiquetas y fechas de consumo, lo que permitía alterar o sustituir las fechas originales de los productos adquiridos a distintos proveedores. Esta práctica incrementa el riesgo para los consumidores y supone una infracción grave en materia de seguridad alimentaria.

La manipulación fraudulenta de etiquetas, como la alteración de fechas de caducidad o la falsificación de información relevante sobre el producto, se considera una agravante y puede aumentar la severidad de la pena. Las multas pueden variar en función de la gravedad del caso, el volumen de productos afectados y el riesgo generado para la salud pública, pero suelen oscilar desde miles hasta decenas de miles de euros.

Ante la magnitud de las irregularidades, los inspectores de Sanidade procedieron al precinto inmediato del local y de todos los productos almacenados, mientras que la Guardia Civil ha abierto una investigación al propietario como presunto responsable de un delito contra la salud pública.  con la protección de la seguridad alimentaria y la defensa de los derechos de los consumidores.

Refuerzo de los controles y preocupación en el sector hostelero

En el contexto de las últimas semanas, el caso ha generado inquietud entre los profesionales de la hostelería de Santiago y su comarca, que reclaman mayores controles para evitar que productos en mal estado lleguen a sus negocios y, por extensión, a los consumidores. anismos de inspección para garantizar que incidentes como este no vuelvan a repetirse.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones en otros puntos de la provincia.