El comité de Vitrasa valora una huelga indefinida tras meses de paros sin que empresa ni Ayuntamiento "muevan ficha"
Los trabajadores critican la inacción del gobierno local en más de dos años de conflictos en la concesionaria
El comité de empresa de Vitrasa, concesionaria del bus urbano de Vigo, valora la convocatoria de una huelga indefinida a partir de marzo, tras meses de paros parciales para reclamar la actualización de su convenio sin que ni la empresa ni el Ayuntamiento hayan "movido ficha".
Así lo ha trasladado el vicepresidente del comité, Fernando Pérez, en declaraciones a los medios durante una concentración de trabajadores de la concesionaria ante el Consistorio de la ciudad.
Según ha recordado, el alcalde no recibe a los representantes de los trabajadores, a pesar de que la plantilla está realizando movilizaciones desde finales de 2020, cuando caducó su convenio colectivo.
Los empleados reclaman actualizar su marco laboral para recuperar el poder adquisitivo perdido, y una mejor regulación de sus condiciones de trabajo y descanso, ya que realizan jornadas de hasta 10 horas y están condicionados por unos horarios que no se flexibilizan, aunque las rutas estén afectadas por obras o desvíos.
MÁS DE DOS AÑOS DE CONFLICTO
Lejos de acercar posturas, empresa y trabajadores no se sientan a negociar desde agosto del año pasado (y las protestas y paros se han venido produciendo desde hace más de dos años). Además, el año pasado la concesionaria intentó aplicar un 'descuelgue salarial', dejando sin efecto el convenio para poder rebajar los sueldos un 30 %, alegando pérdidas económicas. Esas pretensiones fueron rechazadas por un laudo arbitral, ratificado posteriormente por los tribunales.
Entre tanto, han lamentado desde el comité, el alcalde, Abel Caballero y el gobierno local se niegan a intervenir, aduciendo que se trata de un conflicto entre una empresa y sus trabajadores, y todo ello a pesar de que Vitrasa presta un servicio público.
Asimismo, el regidor ha deslizado en las últimas horas que los sueldos de los empleados de Vitrasa están por encima de los estipulados en el convenio provincial del transporte de pasajeros en bus.
A esta consideración, los trabajadores han respondido recordando al regidor que su sueldo se basa en su convenio propio, y que no puede compararse con el provincial, porque las condiciones de trabajo son diferentes. "Nosotros no vamos a dejar a un colegio o a recoger y ya está, nosotros estamos a piñón 10 horas todos los días", ha explicado Fernando Pérez.
En este contexto, y dado que no hay movimientos por parte de la empresa (que está en procesos judiciales para reclamar compensaciones económicas de la administración local por las pérdidas causadas por la pandemia) ni del Ayuntamiento, el comité valora endurecer las protestas y dar un paso más allá, convocando huelga indefinida a partir de finales de marzo.
CRÍTICAS DEL BNG
En la concentración de trabajadores que ha tenido lugar este jueves, han participado los portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, y de Marea de Vigo, Rubén Pérez, así como el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, que previamente mantuvo una reunión con una delegación de la plantilla.
Precisamente, Pérez Igrexas ha señalado que el conflicto ya dura más dos años, y que tiene dos responsables, la concesionaria que "practica la piratería empresarial", y el alcalde y su gobierno, que se han posicionado "de manera deliberada" como "cómplices" de Vitrasa.
Sobre las declaraciones de Caballero acerca de los sueldos de los trabajadores, el concejal nacionalista ha replicado apuntando que "para salarios muy dignos, los del grupo municipal socialista, que están muy por encima de las retribuciones de trabajadores y trabajadoras que tienen jornadas de 10 horas, no perciben nocturnidad, no pueden parar durante sus viajes y con sus derechos laborales sistemáticamente cercenados por la empresa".
"Hoy Vitrasa presta menos servicio que en 2109, cobrando el billete más caro y garantizánse esos casi 13 millones de subvención directa que recibe por parte del Ayuntamiento", ha sentenciado, y ha reclamado al gobierno local que defienda la calidad del servicio público, que está siendo "minorada con el consentimiento" de la administración municipal.
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