Limitación de mandatos: higiene democrática

 Casos como los de Abel Caballero en Vigo, con 17 años en la alcaldía, o el de Fernández Lores, con 25 años en el mismo cargo en Pontevedra, no resultan gratificantes

La perpetuidad en los cargos se está naturalizando y viendo como algo normal en nuestro país, aunque este no es el único caso, evidentemente. Sin embargo, sería bueno para el propio sistema político que existiera un recambio de candidatos más periódico, “que no de políticas”, por pura higiene democrática. De esta manera, se evitaría el riesgo de las posibles corruptelas, así como el tráfico de influencias, en donde amigos y parientes terminan apareciendo por algún lado en algún momento.

Las colocaciones a dedo en los chiringuitos o cargos de confianza, así como la adjudicación de obra pública a determinadas empresas, por mucho que estas salgan a concurso por ley, solo potencian un círculo cerrado y vicioso. El sistema se adultera para, aparentemente, cubrir estas prácticas bajo la legalidad.

Por ello, la regeneración democrática pasa, entre otras alternativas, por una limitación de mandatos, algo a lo que tanto el Partido Popular como el PSOE se han mostrado reacios durante todos estos años. Cabe señalar que estas dos formaciones políticas son las que más casos de corrupción acumulan en nuestro país.

Un estudio realizado entre los años 2000 y 2020 ha revelado que la mayoría de los casos de corrupción se dieron en el ámbito municipal. El 75,8% de los implicados pertenecían al PSOE y al PP. Por comunidades autónomas, los mayores índices de corrupción corresponden a Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia.

Casos como los de Abel Caballero en Vigo, con 17 años en la alcaldía, o el de Fernández Lores, con 25 años en el mismo cargo en Pontevedra, no resultan gratificantes. Esto ocurre también con el caso de Núñez Feijóo, dejando de lado la valoración de su labor política municipal, que en los dos primeros casos podría haber sido positiva para sus respectivas ciudades.

El hecho de que en los casos citados, como en la mayoría, los implicados provengan de la función pública solo contribuye a crear castas sociales y políticas, en las que todos los partidos beben del mismo caladero. Los candidatos, en su mayoría, provienen de la función pública, lo que refleja un consenso entre las formaciones políticas en este aspecto. Por tanto, en estos casos, no existen diferencias ideológicas, sino sociales.

Las situaciones personales de ambos alcaldes, como las de otros muchos candidatos, les permiten perpetuarse en sus respectivos cargos, algo que muchos ciudadanos no pueden permitirse a la hora de presentarse a unas elecciones. Las listas abiertas y la limitación de mandatos podrían corregir estas situaciones y hacer la política más accesible para la ciudadanía.

De lo contrario, el sistema democrático se pervierte y España solo conseguiría perder posiciones en el ranking mundial de higiene democrática. Los políticos anteriormente citados defienden este principio, pero no lo practican en el ámbito personal. Un ejemplo es Fernández Lores, quien en su día recordó, con razón, a Manuel Fraga en relación con sus nietos, una situación que él mismo también vive.

Por lo tanto, aplíquese el cuento para todos.