Aunque la noticia de este viernes se centra en los resultados de la consulta de ERC a sus militantes sobre el acuerdo de investidura de Salvador, me gustaría abordar otro tema de gran relevancia. Hoy quiero escribir sobre la sentencia del accidente del tren Alvia, la peor tragedia ferroviaria ocurrida en democracia, que dejó 79 muertos y 143 heridos tras el descarrilamiento del tren Alvia 04155. Esta sentencia llega 11 años después del accidente y ha tenido a las familias de los fallecidos y heridos en una situación angustiosa: primero por la tragedia misma y las pérdidas de sus seres queridos, y segundo por la tardanza en alcanzar una resolución, la cual, si en un principio generó cierta satisfacción, ha derivado en indignación a medida que se ha analizado más a fondo.

Todos conocen cómo sucedió el accidente, lo que se ha escrito sobre él, el dolor de los familiares y la esperanza de la ciudadanía en que se hiciera justicia. Pero, ¿se ha hecho justicia? Existen dudas, ya que la responsabilidad del accidente mortal ha recaído únicamente en el maquinista y en el exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF, cuya condena es de dos años y medio de prisión por 79 fallecidos y 143 lesionados. ¿Llegarán a entrar en la cárcel? Es incierto en un caso que ha llevado ocho años de instrucción, estableciendo un récord en un tema tan sensible que ha tenido a todos en vilo.

Lo indignante del caso es que dos gallegos estuvieron involucrados en el incidente: José Blanco (socialista), quien estaba al frente del Ministerio de Fomento cuando se inauguró el “tren de alta velocidad”, y que había “rebajado” del proyecto un sistema de frenado automático más avanzado, posiblemente por razones económicas. Después de tantos años de espera, bien podrían haber mantenido dicho sistema. Blanco fue sustituido en el cargo por Ana Pastor (PP), quien estaba al mando cuando el tren se desconectó por “problemas técnicos” para evitar retrasos, lo que muchos consideran una chapuza imperdonable.

Ni Blanco ni Pastor pidieron perdón por lo sucedido, al igual que los presidentes del gobierno en sus respectivas etapas: José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Parecía que la intención de estos políticos era evitar que el caso los salpicara, sin importarles las víctimas y sus familias. Así, se fueron “de rositas”, sin asumir las responsabilidades que les correspondían en el Ministerio de Fomento, que tenía competencias sobre Renfe y ADIF.

Blanco no dejó la política, aunque fue apartado tiempo después por un problema judicial con un empresario en Lugo. Se “rehízo” creando un lobby empresarial, la empresa Acento Public Affairs, con otros compañeros socialistas y del PP. Los populares representan el 20% del equipo de Acento, y la facturación de la empresa se ha triplicado en los últimos años. Los lobbies son considerados oficinas de influencia. Blanco cuenta con buenos amigos en Moncloa y en otros ministerios, así como en el mundo empresarial. Su próspero negocio le ha llevado a abrir una oficina en Bruselas, donde se encuentra el hijo del eurodiputado del PP González Pons, y en Barcelona, donde Miquel Gamisans de ERC, exsecretario de Comunicación de la Generalitat de Catalunya, actúa como delegado.

Ana Pastor, por su parte, llegó a ser presidenta del Congreso, diputada y ministra de Sanidad, entre otras cosas, hasta hace aproximadamente un mes, cuando dejó la política.

El tren Alvia 04155, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo un recuerdo imborrable para los familiares, los vecinos de Angrois, quienes fueron los primeros en socorrer a los ocupantes del tren siniestrado, y para toda España, que estuvo pendiente del suceso. La sentencia ha sido considerada por algunos como escandalosa, al limitarse a castigar solo a dos cabezas de turco. Los políticos implicados, Blanco y Pastor, se han ido de rositas: uno a ganar dinero fácilmente y la otra, con discreción, a continuar su carrera en la medicina. ¿Dormirán tranquilos?